COMUNICADO 059

El pasado 3 de octubre, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad general total planteada por el abogado Gabriel Orellana Rojas contra el Decreto 35-2007 del Congreso de la República, por medio del cual se aprobó el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Además la Corte le impuso a cada uno de los abogados auxiliantes, Sergio Antonio Escobar Esteban y Juan Francisco Capuano Enríquez, la multa de Q1 mil.

El máximo tribunal tuvo a la vista los argumentos del Congreso de la República, del Ejecutivo, del Ministerio Público y de la CICIG, los cuales coincidieron en que se rechazara la acción por no existir inconstitucionalidad.

La CC concluyó que la acción de inconstitucionalidad no contenía argumentos que evidenciaran la contravención constitucional. La resolución fue firmada por los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Alejandro Maldonado Aguirre, Mauro Roderico Chácón Corado, Ricardo Alvarado Sandoval y María de los Angeles Araujo Bohr.