NOTICIA 037
Representantes y delegados de organismos internacionales participaron recientemente en la conferencia: “Independencia judicial y el combate a la impunidad” en donde coincidieron en la necesidad de profesionalizar a jueces y magistrados para garantizar la imparcialidad en sus actuaciones y una eficiente administración de la justicia.
En el evento expusieron: Sergio Pinheiro, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH); Adriano González-Regueral, Representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Aníbal Gutiérrez, Consejero Político de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); Xavier Michón, Director de País del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala (PNUD) y Carlos de la Torre, delegado de la Oficina de la Alta Comisiona de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La actividad fue organizada por UNICEF, OACNUDH, PNUD y CICIG con el propósito de contribuir con la discusión sobre el tema de la independencia judicial para que se reduzcan los niveles de impunidad en el país.
Sergio Pinheiro, Comisionado de la CIDH, resaltó que un sistema judicial debe brindar una respuesta rápida, eficaz y eficiente a las personas que han sido víctimas de algún delito; además lamentó la falta de acceso a la justicia para todos los sectores de la población.
“Debe existir una profesionalización de los jueces para garantizar la independencia e imparcialidad en sus cargos a efecto de fortalecer a la justicia (…). La seguridad ciudadana depende de la independencia de los tribunales de justicia para cumplir con los derechos judiciales y que las personas tengan un juicio justo”, enfatizó.
A consideración de Pinheiro la independencia judicial sólo se logra a través de la profesionalización de jueces y magistrados para asegurar que se haga justicia a las víctimas que han sufrido de algún hecho de violencia, lo cual dependerá de las leyes y no de los poderes fácticos.
“La democracia exige la transparencia en el sistema judicial porque no pueden realizarse actos ocultos; se debe pedir cuentas a jueces o magistrados en sus actuaciones o sentencias emitidas, porque esto es parte de la democracia de cada país”, señaló.
Seguridad ciudadana
Pinheiro también habló del informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, publicado en el 2010, el cual describe la crisis de América Latina sobre la violencia e inseguridad y recomienda a los gobiernos a fortalecer a las instituciones de justicia.
“El informe señala las normas básicas en materia de derechos humanos que los estados deben respetar cuando tratan el tema de crecimiento de los índices de criminalidad en la región; también revela que las políticas rígidas no son una solución para terminar con la delincuencia y criminalidad en un país, sino que éstas violan los derechos fundamentales de los ciudadanos”, explicó.
Calificó este tipo de políticas públicas de “ineficaces, miopes y suicidas” por parte de gobiernos democráticos e hizo ver que la intervención del Ejército en la seguridad ciudadana es una medida represiva, porque la misma corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales.
Independencia
Adriano González-Regueral, Representante de UNICEF, manifestó que todas las personas tienen el derecho de que exista un sistema de justicia independiente que garantice una función efectiva de sus derechos e intereses frente a cualquier ataque de personas individuales o jurídicas, en el ámbito público o privado.
“En un país con altos niveles de conflictividad social y altas tasas de impunidad el Organismo Judicial debe jugar un rol fundamental, porque son los jueces a quienes les corresponde decidir con sus sentencias sobre cómo se deben resolver los conflictos sociales, familiares, agrarios, penales y civiles”, aseveró.
Xavier Michón, Director de País de la PNUD, señaló que la ONU sigue creyendo en la lucha para alcanzar la seguridad ciudadana y en que se aplique una justicia equitativa. Por ello dijo que este organismo internacional apoya a los administradores de justicia para que continúen con empeño su trabajo y mejoren los procesos para rescatar la paz social que se “nutre de investigaciones serias, ágiles y de evidencias contundentes para que se aplique una justicia pronta, cumplida y transparente”.
Por esas razones recalcó que la independencia judicial es condición necesaria para garantizar la aplicación de la justicia con plena imparcialidad, responsabilidad y transparencia; además los jueces deben rendir cuentas a la sociedad sobre sus respectivas actuaciones y sentencias emitidas.
Aníbal Gutiérrez, Consejero Político de la CICIG, expresó que uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática es contar con una justicia independiente, el respeto al Estado de Derecho y que los ciudadanos cuenten con seguridad personal y jurídica. “Sin una independencia judicial están amenazadas todas las garantías de los individuos cuando el sistema de justicia debe garantizar la aplicación de la ley”, manifestó.
Citó palabras de Juan Méndez, ex Comisionado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: “La independencia externa es la reducción de la vulnerabilidad del Poder Judicial a las presiones de otras ramas de Gobierno: de los militares y de fuerzas privadas influyentes; la falta de independencia queda demostrada con ejemplos de poderes externos que arreglan nombramientos, tienen la capacidad de sacar jueces, de ignorar sentencias o cerrar tribunales”.
Por ello, Gutiérrez dijo que esta independencia no debe entenderse como un fin sino como un medio para aplicar las leyes de manera justa y equitativa, por lo que es necesario plantear reformas estructurales en el sector justicia como: la transparencia en la selección de autoridades judiciales; prolongar el período de funciones de jueces y magistrados, pero con normas internas que garanticen la sanción de cualquier funcionario judicial que no cumpla con la ley; así como impulsar un sistema de rendición de cuentas para ellos.
Carlos de la Torre, delegado de la OACNUDH, expresó que sólo con el fortalecimiento de las instituciones de justicia se podrá superar los altos índices de impunidad en el país. “El combate a este flagelo requiere que los operadores judiciales gocen de las garantías necesarias para preservar su independencia de los otros poderes del Estado y de las presiones de los poderes fácticos”, comentó.
Agregó, que la independencia judicial no debe entenderse de manera que los jueces y magistrados realicen su actividad al margen de los mecanismos legales de control establecidos en los procesos democráticos de rendición de cuentas y del escrutinio público.
“Afecta al Estado de Derecho, a la legitimidad y a la confianza en el sistema de justicia cada vez que un juez o jueza resuelve un caso de manera arbitraria, y también daña la imagen de los jueces que desempeñan su función de manera íntegra; ellos deben garantizar la correcta aplicación de la justicia con integridad, objetividad e imparcialidad”, concluyó.