COMUNICADO 109 | Foto: Publinews.
A través de un procedimiento abreviado, la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, condenó a 3 años de prisión a Alfredo Morataya Paz, quien aceptó haber cometido el delito de falsedad ideológica al insertar declaraciones falsas en una escritura pública de compra venta de un inmueble con Max Alfonso Muralles Aché, representante legal de la empresa constructora Lagunilla,contratista de la municipalidad de Chinautla.
Como parte de la sentencia a Morataya Paz se le impuso una reparación digna por Q165,750.00, distribuidos de la siguiente forma: Q100 mil a favor del fondo común del Estado; y el resto será pagado en especie a entidades benéficas.
La investigación estableció que Morataya Paz vendió un inmueble a una de las empresas contratista de la comuna de Chinautla. Los fondos de la venta fueron destinados a la constitución de certificados de plazo fijo que posteriormente fueron utilizados para adquirir bienes inmuebles a favor de empresa constructora Lagunilla, vinculada con el exalcalde Arnoldo Medrano.
El valor real de la propiedad fue US$900mil y Morataya Paz fue beneficiado con US$425 mil, haciendo constar en el escritura pública que el valor del bien era de Q3 mil, y que se trataba de un lote cuando en realidad era una finca de naturaleza industrial valuada en aproximadamente Q7 millones, según el avalúo del DICABI.
Antecedentes
El pasado 18 de abril, El Juzgado de Mayor Riesgo C jueza de Mayor Riesgo C, resolvió enviar a juicio al exalcalde Edgar Arnoldo Medrano Menéndez y a otros 17 personas, sindicados de integrar una estructura de corrupción que operó en la Municipalidad de Chinautla con el fin de beneficiarse con fondos públicos de dicha comuna.
La investigación inició por una denuncia en el 2011 de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre transacciones sospechosas de constructoras que recibían fondos de la Municipalidad de Chinautla, bajo la administración de Arnoldo Medrano en ese año. La forma de operar de la familia Medrano-Osorio fue la creación de empresas manejadas por terceras personas que prestaban su nombre y la contratación de operadores.