COMUNICADO 058

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, solicitó a esta Comisión realizar un análisis del expediente número MP001/2014/60949 con el fin de determinar la existencia de indicios que indiquen algún retardo en la tramitación de dicho expediente.

La CICIG realizó el análisis para determinar la pertinencia, eficiencia y temporalidad de la investigación criminal en el caso; el trabajo de los fiscales e investigadores y la existencia de órdenes o instrucciones a los mismos en el manejo de las diligencias dentro del expediente.

Al realizar la revisión solicitada se determinó lo siguiente:

• En el mes de octubre del año 2014 el Ministerio Público conoció de las actividades de una estructura criminal dedicada al contrabando de productos provenientes de México, la cual evadía controles aduaneros y sanitarios. Esta investigación surgió de otra que se venía desarrollando conocida como caso “agua-miel”, cuya estructura criminal fue desarticulada el 5 de marzo del año 2015.
• El Ministerio Público, en esta nueva investigación (MP001/2014/60949), ha venido profundizando en las formas de operar de la estructura. Se pudo determinar que se han realizado diligencias policiales de campo, análisis documental, análisis financiero, requerimiento de informes a la Contraloría General de Cuentas -CGC-; la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, y la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT-.
• Los más de 15 expedientes del caso aparecen en orden, con información recientemente obtenida e incorporada.
• El Agente Fiscal y el Auxiliar Fiscal de la causa manifestaron nunca haber recibido instrucción alguna de la Fiscal General o de cualquier otra persona para detener el caso que sigue su curso.
• Se detectó que uno de los hechos que causó retardo en el ritmo de la investigación fue el cambio del equipo de investigadores policiales de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC-, quienes son reemplazados después de haberse desarticulado la estructura criminal del caso “agua-miel”.
• Se pudo verificar que se solicitaron varias auditorías y apoyos a entidades externas (auditoría de la SAT, IVE, auditoría de la CGC, análisis financiero, entre otros), y que cada una de ellas se demoró algunos meses en brindar los resultados. Por ejemplo, el informe solicitado por el Ministerio Público a la SAT sobre una de las empresas involucradas, tardó 8 meses en ser entregado con la información requerida.

Puede afirmarse entonces que la investigación criminal de la causa examinada se ha desarrollado con pertinencia en su planificación; que se ha diligenciado un alto número de actividades policiales, que se han solicitado los informes necesarios a otras dependencias competentes del Estado de Guatemala y que los tiempos utilizados se enmarcan dentro de los parámetros regulares del Ministerio Público de Guatemala.