Ligan a proceso a ocho sindicados en caso seguridad y transporte

Ligan a proceso a ocho sindicados en caso seguridad y transporte

 COMUNICADO 079 | Foto: Publinews.


El juez Undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, resolvió ligar a proceso a ocho sindicados de sustraer fondos públicos destinados al subsidio de un sistema de seguridad para el Transurbano. Cuatro de ellos fueron enviados a prisión preventiva y el resto se les otorgó arresto domiciliar.

Luego de la audiencia de primera declaración, el juez Cojulum estimó que existían suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrenten proceso penal por los siguientes delitos: 

Con prisión preventiva:
Carlos Quintanilla Villegas. Peculado asociación ilícita y lavado de dinero.

Otto Bernal Ovando. Peculado, asociación ilícita y lavado de dinero. 
Carlos Paz Reinoso. Peculado, asociación ilícita y lavado de dinero. 
Reina María Gómez González. Peculado, asociación ilícita y lavado de dinero. 

Con arresto domiciliar:

Rudy Maldonado Castillo. Peculado. 
Mario Vargas Salazar. Peculado. 
Óscar Rossi  Archila. Peculado. 
Juan Bernal Ramos. Peculado y lavado de dinero. 


Antecedentes 
Durante el año 2008 y 2009 (período que abarca la investigación preliminar), personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el Transurbano a funcionarios de la administración del gobierno de Álvaro Colom. Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del año 2008 y en el 2009. 

El Estado de Guatemala asignó para este proyecto la cantidad de Q.80,119,000.00, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción aproximada de Q.13,000,000.00 por parte de la estructura criminal. 

La investigación evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, integrada por personeros de la AEAU, personeros de la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A. y terceros, quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos. Con el objetivo de esconder la sustracción de recursos públicos, la organización criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte. 

Lectura de interés:  Ligan a proceso a 13 sindicados en el caso Transurbano

Además estas dos entidades subscribieron, de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado, varios contratos para la prestación del servicio de seguridad (esto incluía la subcontratación de otras empresas de seguridad). 

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