Ligan a proceso a siete empresarios caso negocios de la Industria Militar

Ligan a proceso a siete empresarios caso negocios de la Industria Militar

 COMUNICADO 080 | Foto CRN Noticias.


El Juzgado Séptimo de Instancia penal ligó hoy a proceso a siete empresarios sindicados de pagar comisiones ilegales a un grupo de militares para poder obtener contratos o trabajos en la Industria Militar durante el período 2008 al 2011.

Luego de la audiencia de primera declaración, el juez estimó que existían suficientes medios de investigación para que enfrenten proceso penal los sindicados: Moisés Israel Santiesteban Fuentes, Manuel Antonio Pivaral Pérez, Ernesto Arturo Zamora Cruz, por el delito de cohecho activo.

Mientras que fueron ligados a proceso por el delito de peculado, Henry Danilo Morales Cifuentes, Xiomara Carolina Orellana Meza, Miguel Ambrosio Azurdia y Antonio Benjamín Contreras Barrios. A todos los acusados se les otorgó las medidas sustitutivas de prohibición de salir del país, comunicarse entre ellos, y con los funcionarios de Industria Militar (ligados a proceso). Además deberán presentarse cada 15 días al registro biométrico del Ministerio Público.

La investigación preliminar estableció que un grupo de militares -ligados a proceso por la sustracción de fondos de la Industria Militar-, recibieron mediante cheques y otros pagos al menos la cantidad de Q1,827,765.67 en concepto de comisiones por la adjudicación de contratos a favor de los empresarios.

El juzgado fijó dos meses para que la Fiscalía concluya la investigación y presente la acusación formal contra los empresarios.

Antecedentes
Por este caso el pasado 8 de junio fueron ligados a proceso los militares retirados: Jorge Arturo Vega Chávez, José Alfredo Cotzojay Chajón, Byron Manuel Santos Galindo, Carlos Geovani Mejía Girón y Rolando Enrique Hernández González, sindicados de sustraer Q23,402,238.00 de la Industria Militar entre el 2008 al 2011.

Lectura de interés:  Ligan a proceso a cinco militares vinculados en Caso Negocios en Industria Militar

Dicha suma de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas en su mayoría en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.

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