Transferencia de capacidades al TSE

Transferencia de capacidades al TSE

 ARTÍCULO 005 | Foto: Municipalidad de Guatemala.


Desde el año 2013, la investigación del financiamiento electoral ilícito se convirtió en una de las prioridades del plan de trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que las evidencias en otras investigaciones revelaron que este tipo de apoyo era una de las estrategias utilizadas por las redes político-económicas ilícitas para alcanzar favores y controlar al Estado para enriquecerse de manera irregular.

Los mecanismos de financiamiento de la política han provocado una distorsión del sistema democrático guatemalteco. Por un lado, se arriesga la libertad de elegir y ser electos en igualdad de condiciones desde que la competencia electoral se vuelve asimétrica y cuando determinadas opciones políticas recaudan cantidades desproporcionales de fondos, con lo cual impulsan campañas multimillonarias y  utilizan el beneplácito de medios masivos de comunicación.

Antes del 2016 se sumaba la debilidad institucional y legal para enfrentar este sistema y las estructuras que lo sostienen. La autoridad electoral se encontraba restringida en sus funciones, en personal y recursos para prevenir y sancionar las violaciones a las normas de financiamiento de las organizaciones políticas.

El financiamiento electoral ilícito tiene un mismo objetivo: la compra de favores, el beneplácito de los gobernantes y el retorno del financiamiento mediante la contratación pública. Financiar al futuro gobernante permite cerrar el ciclo completo de la corrupción: la cooptación del Estado a través de las urnas.

El Comisionado Iván Velásquez Gómez ha manifestado que el financiamiento ilícito de la política es el círculo vicioso de la corrupción y la causa original del sistema de corrupción que ha capturado al Estado de Guatemala. “El financiamiento ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca; es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, a la sustitución del bien común por intereses particulares, y a la perpetuación de la clase política vinculada con actos de corrupción en el ejercicio del poder”.

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Fortalecimiento

Luego de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016 y como parte del mandato de la CICIG se ha iniciado un proceso de fortalecimiento y transferencia de capacidades al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en materia de fiscalización y control de las finanzas partidarias. Dos son sus nuevas unidades que han recibido el apoyo: la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y la Unidad Especializada del Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Este proceso se está desarrollando en tres fases: diseño del modelo de fiscalización, diseño organizacional y de gestión y fortalecimiento de capacidades.   Las primeras dos etapas se han culminado con éxito, y para julio 2018 se tiene planificado que ambas unidades cuenten con el personal suficiente para enfrentar sus nuevas responsabilidades en el proceso electoral 2019.

Transferencia

Para llevar a cabo el fortalecimiento de capacidades, la CICIG en conjunto con otros cooperantes han decidido apoyar al TSE en el diseño e implementación de un plan maestro de capacitaciones que permitirá fortalecer las destrezas del personal. Dicho plan ha identificado a dos grandes grupos objetivos para recibir las capacitaciones.

El primero de ellos lo constituyen todas las instancias del TSE que tendrán nuevas responsabilidades, producto de las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  El segundo grupo lo conforman los usuarios directos e indirectos del órgano electoral: organizaciones políticas, posibles financistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.  Este plan contempla cubrir dichos grupos objetivos y de esta manera maximizar y ser más eficiente la cooperación internacional.

La CICIG como parte de este plan y tomando en cuenta la experiencia acumulada, estará apoyando con personal técnico nacional e internacional que se encargará de llevar a cabo jornadas de capacitación para fortalecer y transferir conocimientos a las dos unidades mencionadas.

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Una de las vías para erradicar la cooptación del Estado es combatir la corrupción desde la raíz, y ello incluye prevenir que organizaciones criminales y grupos de poder  financien la política para posteriormente utilizar la administración pública en beneficio propio y en detrimento del bien común. Por ello, en lo que resta del 2018 y hasta las elecciones en 2019, la Comisión continuará brindando su apoyo técnico al TSE para que el financiamiento electoral ilícito pueda ser prevenido y erradicado.

La transferencia de capacidades es parte del Acuerdo interinstitucional que se suscribió en noviembre de 2016 entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Comunicaciones (SIT), la Superintendencia de Bancos (SIB), la Contraloría General de Cuentas y la  CICIG, como testigo de honor.

Además como parte de dicho convenio se han diseñado y aprobado protocolos y parámetros de cooperación interinstitucional para el correcto control y fiscalización de las organizaciones políticas. De esta manera, la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del TSE se encuentra dotada de mecanismos efectivos que le permitirán realizar de manera eficaz y eficiente sus labores de fiscalización del financiamiento de la política en el país.

Las instituciones suscritas a dicho convenio han demostrado voluntad política y técnica de colaboración y espacios interinstitucionales que permitirán fortalecer el sistema democrático y transparentar el financiamiento de la política en Guatemala.

El Comisionado Iván Velásquez ha expresado que una de las mejores vías para fortalecer la democracia es permitir a los ciudadanos conocer el origen y destino de dicho financiamiento. “La auditoría social es fundamental para denunciar los actos de corrupción y demandar una respuesta efectiva de las autoridades electorales y de justicia”.

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