COMUNICADO 097
De acuerdo con el Mandato de Creación de la CICIG, esta Comisión está facultada para “Promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante las autoridades correspondientes. De igual manera la Comisión queda facultada para constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el Acuerdo y con el Código Procesal Penal en cuanto a sus facultades procesales, para todos los casos en el marco de su competencia”.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala impulsa, apoya y demanda las políticas que en manera de justicia deben ser implementadas para todos los ciudadanos, mismas que coinciden con las formuladas por el Organismo Judicial: Justicia penal imparcial e independiente y, justicia penal pronta y con garantías.
Es necesario destacar que dentro de los procesos judiciales se presentan diferentes herramientas legales que interponen las partes, pero son en última instancia los jueces quienes cumplen el papel, de acuerdo con las evidencias presentadas, de otorgar o no el uso de esos recursos legales.
Si bien es cierto que uno de esos recursos legales de la defensa de los sindicados ha consistido en reiteradamente tratar de apartar a la CICIG de los casos, pretendiendo así beneficiarlos, es deber de la CICIG, como lo estipula su mandato, garantizar el apoyo al Ministerio Público como querellante adhesivo y luchar para que esto no se desvirtúe.
La defensa de los sindicados no puede pretender formular gestiones (que la CICIG tiene el derecho y el deber de responder) y argumentar luego que es la CICIG la que retrasa los procesos.
De acuerdo con el Código Procesal Penal de Guatemala, los jueces son la autoridad que establece y fija las fechas y horarios, es decir los plazos de los procesos penales, y esto obedece a varios factores relacionados con la actividad procesal.
En todo caso no es la CICIG la institución que decide los tiempos de los procesos.
Hacemos un llamado a la sociedad para que exija información verídica, y no se deje engañar por información falsa cuya finalidad última es debilitar la justicia que merecen todos los ciudadanos.