COMUNICADO 096 | Foto: Archivo MP
En una audiencia de revisión de medida de coerción el juez Segundo de Instancia Penal, Darwin Porras, no permitió el ingreso a los medios de comunicación pese a que el caso no está en reserva, y en la cual resolvió otorgar la libertad a la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo tras beneficiarla con medidas sustitutivas: arresto domiciliar, firmar el libro de asistencia, prohibición de salir del país y de comunicarse con los dos testigos del caso, y una fianza de Q150 mil.
Los principales argumentos que presentaron en la diligencia la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y de la CICIG fueron:
- Las circunstancias primitivas que motivaron la prisión preventiva no han variado porque existen suficientes indicios de que la jueza pudo incurrir en los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
- Reinoso Trujillo se valió de su función como jueza para cometer el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, lo cual se evidencia en los medios de prueba presentados por el MP y la CICIG.
- Se violentó la administración de justicia con el actuar de la jueza Reinoso Trujillo.
- Se obstaculizaría la averiguación de la verdad por la función que ejerció la jueza en la administración pública, por lo cual se presentaron documentos en la diligencia que evidencian que Reinoso Trujillo podría entorpecer las pesquisas.
- El peligro en contra de dos testigos del caso sigue latente, ya que uno de ellos ha sido intimidado.
Por lo anterior el MP y la CICIG solicitaron mantener la prisión preventiva en contra de Reinoso Trujillo, lo cual fue rechazado por el juez Porras. Por ello, en los próximos días se presentará la apelación contra dicha resolución.
Antecedentes
Este expediente lo conoció inicialmente José Eduardo Cojulum, juez Undécimo de Instancia Penal, quien se excusó de continuar con el caso por existir amistad con el abogado defensor de Reinoso Trujillo. Sin embargo, en la audiencia de hoy la defensa estuvo a cargo de una abogada.
La Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad a la jueza por existir indicios de un incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con sus ingresos que devenga como empleada pública y como docente.