NOTICIA 064
La periodista Evelyn Boche de El Periódico entrevistó recientemente al Comisionado Iván Velásquez Gómez sobre la labor de la CICIG en apoyar a las instituciones de justicia y de los avances del Diálogo Nacional para reformar al sistema de justicia guatemalteco, entre otros temas. (Se publica con fines informativos)
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“Hablar de injerencia me parece una preocupación muy infantil” Iván Velásquez, jefe de la CICIG
Por: Evelyn Boche
Templanza. Ese es el estado que transmite el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en conjunto con el Ministerio Público tienen ante la justicia a 57 personas señaladas de integrar una estructura que cooptó al Estado mediante la asunción al poder por la vía electoral. Velásquez se muestra imbatible ante las campañas de desprestigio y señalamientos en su contra, y a la vez celoso de las investigaciones en proceso que apenas, adelanta, tocarían a “todos los organismos del Estado”. En esta conversación comparte sobre varios temas de actualidad, como la declaración del Foro de São Paulo que señala “injerencia” de la CICIG en Guatemala.
¿Cómo se percibe la declaración del Foro de São Paulo?
– Me parece una conclusión desafortunada. No conocen la realidad de Guatemala, no saben lo que ha significado para el pueblo guatemalteco la lucha contra la corrupción y que ese desconocimiento los llevó, quién sabe movidos por quién, a hacer un pronunciamiento de esa naturaleza.
¿Tendrán que ver intereses que comienzan a sentirse amenazados?
– Creo que el tema de la corrupción no puede ser un tema político, de izquierda o de derecha. El tema de corrupción resquebraja los Estados y las sociedades. Vinculada con la corrupción, siempre está la gran impunidad, un estado relajado sea porque se afecte o no intereses de determinado tinte ideológico. Desde hace muchísimos años sostengo: los amigos también pueden ser corruptos. La corrupción no es solo de los enemigos.
¿Hay una estructura permanente de corrupción y los partidos han pactado para llegar al poder?
– Esa es una hipótesis en la que tenemos que profundizar. Pero por todo lo que el país ha vivido -de finales de 2013 hacia acá- sería probable que existiera una estructura apartidaria, que no está vinculada con un partido específico, que lo mismo puede hacer alianzas con uno que con otro, y que se mantiene mucho más en el tiempo. A propósito de las redes político económicas ilícitas, encontramos que un personaje como el Teniente Jerez (Javier Ortiz) aparece vinculado con la red Moreno en 1996 y en 2015 ya es uno de los jefes medios en la estructura de La Línea, que podría mostrar la permanencia en las estructuras.
O de financistas como Gustavo Alejos, que ha aportado a varias campañas y ha sido proveedor por muchos años.
– Puede haber muchas personas que han permanecido durante muchos años, pero más que hablar de personas, lo que yo miro más es la posibilidad de existencia de redes permanentes en el tiempo.
¿Se tiene indicios de contactos de la estructura que cooptó al Estado con estructuras criminales, narcotráfico, por ejemplo?
– No. Tenemos lo que hemos presentado.
¿Ha habido alguna solicitud de información de EE. UU. sobre la captura del exministro Mauricio López Bonilla?
– No.
Algunos miembros de la estructura señalan a Juan Carlos Monzón Rojas como la mente criminal detrás del grupo. ¿Lo conciben de esa manera?
– No podría calificarlo. Fue una persona muy valiosa para esa estructura. Es una persona muy inteligente, con muchas capacidades.
Mucho de lo que se ha presentado en audiencia habla más de una relación más estrecha entre Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón. ¿El ex Presidente tendrá el mismo grado de conocimiento de lo que hacía la estructura?
– Hay una limitación de hablar sobre temas tan específicos sin que hayan sido vinculados a proceso. Lo que yo puedo decir es que se han tenido los suficientes elementos probatorios para afirmar que el expresidente Pérez y la ex vicepresidenta Baldetti son los jefes de esta estructura.
Después de este caso vino una nueva ola de campañas de desprestigio. ¿Afectan el trabajo de investigación?
– Las campañas de desprestigio siempre son esperadas cuando hay acciones que se dirigen a afectar, por su compromiso penal, a algunas personas o estructuras. Esas campañas no podrían tener una incidencia muy fuerte en ningún proceso. De pronto han producido ruido sobre temas como el debido proceso o a la presunción de inocencia, pero creo que su propósito es desinformar y son dirigidas más al público, a sectores menos ilustrados o no conocedores del proceso penal, que al juez.
¿Qué sigue?
– Hay mucho que está relacionado con temas de corrupción en todos los organismos. Por todos los documentos hallados en los allanamientos realizados desde el 16 de abril se obtuvo mucha información que permitió profundizar más en investigaciones; así como con las personas que se han acercado al Ministerio Público o a la CICIG a informar de hechos que tienen mucha relación con documentación incautada se han venido construyendo nuevos casos, pero que no se derivan los otros, sino de toda la documentación, de los elementos probatorios que todavía nos falta bastante por evaluar, analizar y valorar.
¿Cuántas personas acuden periódicamente a la CICIG para aportar información?
– Hay en diferentes situaciones. Mucha gente viene a formular una denuncia aquí en la Comisión o a traer una solicitud de que se investigue algún tema particular y hay veces en que en una semana puede haber 50 o cien denuncias. En un mes podrían llegar a 500 o cien. Es muy variable y de diversa clase. Hay personas que sospechan que son objeto de investigación y quieren venir a aclarar si se les está investigando por algo, para colaborar o personas que se dan cuenta de algo que se está investigando y se acercan a la Comisión a decir “yo sé algo”. La cantidad está relacionada con las circunstancias, con la coyuntura. Las denuncias de temas que no corresponden con el mandato de CICIG se envían al MP, eso quiere decir que se ha elevado la confianza para denunciar.
¿Cómo ve el camino hacia las reformas constitucionales al sector justicia?
– Yo tengo confianza en que finalmente se logre el resultado. Me parece que es un laboratorio interesante de aproximación de personas con posiciones muy diferentes para debatir sobre esas posturas y llegar a acuerdos, a adoptar un texto único. Lo importante es la experiencia de tener tantas personas o representantes de organizaciones que se están sentando todas las semanas a reflexionar conjuntamente sobre cómo debe ser la justicia en el país. Algunos temas son de mayor contradicción y en otros hay acuerdo.
¿El antejuicio es el punto más álgido?
– Creo que no. Para mí, el tema es que al antejuicio no se le asocie con impunidad, no sea protector de la impunidad. Podría ser una figura reducidísima como para el Presidente de la República, del Congreso o de la CSJ. Lo que sí debe garantizarse es que el antejuicio no impida adelantar investigaciones. Aspiraría a que fuera aprobado el texto propuesto que establece el antejuicio como el derecho a no ser privado de libertad ni sometido a proceso penal sin que previamente un juez declare con lugar la actuación. Eso significa que se pueda adelantar una investigación preliminar y que la solicitud de antejuicio se presente sobre una razonable sospecha y no frente a la simple denuncia.
¿Qué pasó con la iniciativa para el Gran Diálogo en 2014?
– El entonces presidente Otto Pérez Molina se opuso, pero no tan abiertamente como lo está diciendo ahora. La mesa se iba a instalar el 26 de noviembre de 2014, y como el 19 de ese mes, el canciller expresó una inquietud del Presidente sobre que el diálogo no es admisible si no es convocado por él, que representa la unidad nacional. Conversamos con él, porque el apoyo de CICIG no es por protagonismos, ocurre por fuerzas de las circunstancias. Quedamos de instalar la mesa para enero de 2015, pero el 6 de enero me di por notificado de la opinión del presidente Pérez Molina por medio de la prensa. En una entrevista con Prensa Libre, decía que la CICIG no tenía que estar en estos asuntos. No se concretó por esa oposición de Pérez Molina.
¿Cómo lo interpreta ahora? ¿Era un tema de unidad nacional o temor a las reformas?
– Probablemente va vinculado con otro asunto. Después de la investigación de la corrupción en el Sistema Penitenciario y contra la estructura de Haroldo Mendoza se había reactivado la discusión acerca de la CICIG en el país. Puedo entender que permitir que estuviéramos en toda esa actividad del diálogo iba a levantar mucho el grado de aceptación social de la Comisión y al Presidente le iba a quedar más difícil decir que no continuara la CICIG. Sería la única razón. Un presidente debe estar interesado en que un sistema de justicia se modernice que sea independiente, que actúe sin interferencias.
¿Cómo es ahora?
– Uno podría destacar la diferencia que ocurrió con Jimmy Morales. Tan pronto le planteamos la idea del diálogo al presidente electo, estuvo de acuerdo y vamos en lo que vamos.
Pero parecería que con el tema de antejuicio, el Presidente dio pasos atrás…
– Esto merece una explicación. Ese documento base no había sido consensuado por los presidentes de los Organismos. Nosotros hemos intervenido en discusiones respecto de reformas constitucionales desde 2008 y hay algunos criterios con los que no estamos de acuerdo y, sin embargo, defendemos las reformas.
Se ha empezado el acercamiento en el Congreso. Hay voces que cuestionan las reuniones con las bancadas.
– Hablar de injerencia me parece una preocupación muy infantil. Que estemos extranjeros en una conversación sobre reformas no significa que se esté interviniendo indebidamente. En el punto en que estamos hoy hay una mayor interrelación entre todos los sistemas y todos los países. Cuando se celebra un congreso de reforma procesal penal nadie piensa por qué un argentino expuso cómo debía ser una determinada normativa o que si están discutiendo con unos chilenos, que sea una intervención a Chile. El Congreso de Guatemala es el que aprueba un texto y después el pueblo, en consulta popular, avala la reforma. En mucha parte también es la gente que no quiere que las cosas cambien.