COMUNICADO 023 | Foto: Radio Punto.
El Tribunal de Mayor Riesgo A sentenció hoy a 27 años de prisión inconmutables a Marvin Delfino Barrios Marchena y a Luis Rolando Galicia Botón a 6 años de cárcel, quienes fueron hallados culpables de integrar una estructura criminal dedicada al contrabando de combustible del 2008 a 2012.
El Tribunal halló suficientes pruebas contra los dos sindicados para condenar a Barrios Marchena por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera, tenencia ilegal de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, y falsificación de placas y distintivos vehiculares. Multa Q3 millones. Fue absuelto de los delitos de caso especial de defraudación aduanera, caso especial de contrabando aduanero en concurso ideal y lavado de dinero u otros activos.
Mientras que Galicia Botón fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. Fue absuelto de los delitos de caso de defraudación aduanera y caso especial de contrabando aduanero. Galicia Botón fue condenada a 10 años de prisión por defraudación aduanera el 8 de mayo de 2015.
El caso
A Marvin Delfino Barrios Marchena alias “Martín” se le sindicó de liderar, desde el ocho de febrero de 2008 al veinticuatro de enero de 2012, una estructura criminal que tenía por objeto ingresar combustible en forma ilegal a territorio guatemalteco a través de las fronteras mediante la utilización de vehículos tipo cabezal halando cisternas, desde puntos fronterizos del país hacia la ciudad de Guatemala y otros departamentos.
Entre las actividades dentro de esta organización de Luis Rolando Galicia Botón, en su calidad de representante legal y administrador único de la entidad Corporación Internacional de Petróleo, Sociedad Anónima –COINPESA-., figuraba la comercialización del combustible que ingresaba en forma ilegal al país desde El Salvador a través de la Aduana de Ciudad Pedro de Alvarado.
Antecedentes
En sentencias dictadas en enero de 2013 y mayo de 2015, fueron condenadas otras 17 personas, integrantes de la primera estructura criminal de contrabando aduanero desarticulada en el país. Esta organización ingresó de forma ilegal combustible proveniente de México entre 2008 y 2009, y entre 2011 y 2012 desde El Salvador, evadiendo los tributos aplicables al régimen aduanero por un estimado de más de 44 millones de quetzales.