COMUNICADO 014
El Juzgado Primero de Instancia Penal de Mayor Riesgo “B” resolvió el día de hoy enviar a juicio a cinco sindicados, entre ex personal de la Policía Nacional Civil y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por su presunta participación en el contrabando de gasolina desde el 2008 (caso Gasofa).
En la audiencia de apertura a juicio el juez Miguel Ángel Gálvez halló suficientes evidencias para que los sindicados enfrenten a la justicia, por los siguientes delitos:
- Cruz Felipe Lorenzo, por asociación ilícita, obstrucción de justicia y defraudación aduanera (jefe de la Comisaría 13 hasta su detención).
- Jorge Alberto Coc Tepaz, por asociación ilícita, obstrucción de justicia y defraudación aduanera (agente policial hasta su detención).
- Erick Estuardo Lucas Díaz por asociación ilícita, obstrucción de justicia y defraudación aduanera (sub inspector policial hasta su detención).
- Daniel Ac Cuquej, asociación ilícita y obstrucción de justicia (sub inspector policial hasta su detención).
- Willian Estuardo Lemus Ramírez, asociación ilícita y defraudación aduanera (ex trabajador de la SAT).
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) presentaron 84 medios de investigación que sustentan la acusación contra los sindicados como declaraciones de testigos, prueba documental y grabaciones de interceptaciones telefónicas, con las cuales el MP comprobó la coordinación que hubo entre estas personas para realizar el contrabando de combustible y obstruir las investigaciones.
En la diligencia el juez Gálvez dio intervención definitiva a la CICIG, a la Procuraduría General de la Nación y la SAT para que actúen como querellantes adhesivos. La audiencia de ofrecimiento de pruebas se programó para el 14 de marzo.
Antecedentes
Los sindicados presuntamente operaban tras la fachada de la empresa Corporación Internacional de Petróleo S.A. (COINPESA) y facilitaban el paso de combustible que ingresaba de manera ilegal al país por la Aduana Pedro de Alvarado, desde El Salvador hacia la ciudad de Guatemala para su comercialización. Willian Estuardo Lemus Ramírez era el encargado de coordinar con sus ex compañeros de la SAT el ingreso ilegal de las cisternas a través de la frontera Pedro de Alvarado, y los agentes policiales eran quienes protegían el trayecto de las mismas para que no fueran detectadas por autoridades externas a la organización.
Esta estructura también estaba integrada por empresarios, particulares, ex policías y policías activos así como funcionarios y ex funcionarios de la SAT, quienes ingresaron de manera ilegal combustible desde el 2008 al 2012.