COMUNICADO 039
Fiscal Suizo Michel Alexandre Graber ha inciado las pesquisas sobre varios delitos imputados a Erwin Johan Sperisen Vernon, incluidos aquellos en relación con el caso del centro de rehabilitación Pavón, en el que varios reos que cumplían condena fueron ejecutados extrajudicialmente.
Las investigaciones se refieren a:
- Ejecuciones Extrajudiciales sucedidas en la Finca Nueva Linda –Retalhuleu- el 31 de agosto de 2004.
- Homicidio de Álvaro Juárez, sucedido el 8 de julio de 2005, en Petén.
- Ejecuciones Extrajudiciales de los prófugos de la cárcel de máxima seguridad conocida como “el Infiernito”: Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez (3 de noviembre de 2005 en Rio Hondo, Zacapa); Hugo Humberto Ruíz Fuentes (14 de noviembre de 2005 en Barberena, Santa Rosa) y los prófugos Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa (1 de diciembre de 2005 en los Amates, Santa María Ixhuatán).
- Ejecuciones Extrajudiciales de siete reos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón (25 de septiembre de 2006).
- Homicidio de cuatro salvadoreños (19 de febrero de 2007, tres diputados del PARLACEN y su piloto).
- Homicidios de cuatro Agentes de la Policía Nacional Civil (Cárcel el Boquerón el 25 de febrero de 2007). Agentes PNC: Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, Marvin Langen Escobar Méndez y José Adolfo Gutiérrez.
Mientras la justicia de Suiza investiga estos hechos, en Guatemala el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo cerró el proceso contra el ex director del Sistema Penitenciario, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, acusado por el delito de asociación ilícita por la ejecución extrajudicial de siete reos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón en septiembre de 2006.
Según la titular de dicho Juzgado, el Ministerio Público acusó por el delito de asociación ilícita antes de que entrara en vigor la Ley Contra la Delincuencia Organizada sin que se presentaran pruebas para sustentar la acusación. Sin embargo, el delito de asociación ilícita es de ejecución continua y cuando sucedieron las ejecuciones extrajudiciales -el 25 de septiembre de 2006-, dicha Ley tenía un mes de vigencia, pues entró en vigor el 25 de agosto del mismo año. A criterio del ente investigador y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se presentaron pruebas suficientes que sustentaban debidamente la acusación, pero fueron desestimadas por la juzgadora por una errónea aplicación de la ley.