SÉPTIMO INFORME DE LABORES

SÉPTIMO INFORME DE LABORES

COMUNICADO DE PRENSA 039


La investigación de casos de fenómenos criminales, la transferencia de capacidades, la elaboración de informes temáticos y el acompañamiento en la elección de funcionarios públicos, resalta el Séptimo Informe de Labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que fue presentado por el Comisionado Iván Velásquez en un acto público realizado en las instalaciones del Ministerio Público (MP).

Fueron invitados a la mesa principal, la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández; el presidente de la República, Otto Pérez Molina; el presidente del Congreso, Arístides Crespo; el presidente interino del Organismo Judicial, Erick Álvarez, y la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, Valerie Julliand.

El Comisionado detalló el plan de trabajo de la CICIG 2013-2015, el cual reajustó sus líneas estratégicas y reorientó las actividades hacia el cumplimiento integral del mandato, maximizando las facultades de investigación y persecución penal. La Comisión adelanta tres grandes frentes de trabajo:

1) Investigación de casos de fenómenos criminales: Contrabando, financiamiento del sistema político, narcoactividad y despojo de tierras, corrupción administrativa y judicial.

“El contrabando junto con la defraudación aduanera se percibe como uno de los grandes fenómenos de la criminalidad organizada en el país, sus efectos sobrepasan la disminución de recaudación de recursos y las redes de corrupción intentan amenazar la legitimidad del Estado”, enfatizó el Comisionado.

Agregó que por otro lado el fenómeno de la corrupción administrativa es alarmante en el país, lo cual afecta los ingresos del Estado. La CICIG desarrolla 7 investigaciones para apoyar al MP en la identificación de acciones de corrupción en la administración pública que incluya vínculos con estructuras criminales.

“Se han identificado prácticas aparentemente corruptas y en circunstancias que las podrían favorecer, de las cuales se destaca, la malversación de fondos públicos a través de contratación administrativa irregular, la selección de beneficiarios en la adjudicación de contratos a partir de retribución de favores, la utilización de mecanismos que permiten desconocer contratos adjudicados por sus antecesores, nombramientos de asesores y personal interino para reestructurar sus grupos de corrupción, otorgamiento de antejuicios a un alto número de funcionarios, entre otros”, resaltó el jefe de la CICIG.

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En relación a la investigación del financiamiento de partidos políticos, surge información sobre presunta financiación ilícita y/o relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos del orden nacional, regional y municipal y en consecuencia, la Comisión desarrolla dos investigaciones que permitirán recaudar la prueba que lleve a estructurar casos sólidos sobre financiamiento ilícito de campañas electorales o de la asociación de políticos con organizaciones criminales, para poner de manifiesto esa relación político-criminal.

Respecto a la corrupción judicial, la CICIG adelanta al menos seis investigaciones, que determinarán la posible relación entre funcionarios públicos y estructuras paralelas de poder que pretenden controlar las instituciones nacionales de justicia, a través del poder económico o político.

Referente a la temática sobre narcotráfico y lavado de activos, la CICIG desarrolla al menos siete casos de investigación. “El narcotráfico ha sido asumido como un delito precedente al lavado de activos. Por esta razón, las investigaciones desarrolladas asumen el delito de tráfico de drogas como una fuente de activos para el lavado”, expresó el Comisionado.

El Comisionado recordó que otras de las investigaciones que trabaja la Comisión y que han trascendido son: la red de corrupción en el Sistema Penitenciario, los antejuicios promovidos contra el magistrado de Sala, Erick Gustavo Santiago de León y el diputado Gudy Rivera Estrada, y los que se plantearán contra los jueces Jisela Reynoso y Adrián Rodríguez, tan pronto se resuelvan unos amparos que pretenden impedir el cumplimiento de actos de investigación preliminar aduciendo la inmunidad de que gozan.

“A estas investigaciones se suman las que venía adelantando la Comisión y los procesos en los que participa como querellante, en muchos de los cuales nos hemos enfrentado a prácticas de litigio malicioso con la intención de dilatarlos a través de maniobras de diverso tipo o haciendo uso de acciones de amparo que finalmente obstaculizan la administración de una pronta y cumplida justicia”, aseveró.

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2) Transferencia de capacidades: Se intenta construir la sofisticación técnica y las habilidades jurídicas necesarias para que funcionarios del sistema de justicia de Guatemala puedan construir por sí mismos investigaciones de criminalidad compleja y organizada.

“El desarrollo del diseño de bases de datos de información criminal y la implementación de su uso práctico, ha sido uno de los aspectos más fuertes de la transferencia de capacidades de la CICIG al MP; también se ha acompañado al Ministerio de Gobernación y al MP en el establecimiento y fortalecimiento de la DIGICRI”, resaltó el jefe de la CICIG.

3) Elaboración de informes temáticos: La CICIG trabaja en los informes sobre trata de personas con fines de explotación sexual, violencia contra la mujer, crimen organizado e impunidad y el financiamiento de partidos políticos, entre otros.

Acompañamiento en la elección de funcionarios públicos
La CICIG ha acompañado en los procesos de elección de funcionarios públicos llevados a cabo durante el presente año, en el que se destaca la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

El Comisionado recordó que en conferencia de prensa realizada el 16 de septiembre del presente año se alertó sobre los riesgos inherentes a una elección politizada de magistrados que atentaría contra la independencia judicial, solicitando respetuosamente a las Comisiones de Postulación que corrigieran las principales deficiencias detectadas a lo largo del proceso, pero que hicieron caso omiso a las recomendaciones de la Comisión.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente la elección de magistrados realizada por el Congreso de la República y el sistema vigente de designación de magistrados se encuentra bajo fuertes críticas debido a la politización del mismo.

Apoyo valioso
En su intervención la Fiscal General calificó de valioso el apoyo que la CICIG ha proporcionado al MP para desarticular conjuntamente ciertas estructuras criminales, y mejorar el funcionamiento institucional.

“Las entidades de justicia como parte de la institucionalidad del Estado, tenemos la gran responsabilidad, de aprovechar de manera respetuosa el apoyo que la comunidad internacional nos brinda, para consolidar nuestras instituciones, y para que en el  futuro puedan llevar a cabo su función con plena independencia y autonomía”, expresó.

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Manifestó su convencimiento de que Guatemala puede aspirar a desarrollar una mejor institucionalidad, para “enfrentar con plenas garantías y trasparencia, las estructuras criminales que todavía generan impunidad, amedrentan a las víctimas de nuestro país e impiden desarrollar y consolidar, nuestro anhelado Estado de Derecho.

El presidente Otto Pérez valoró la labor que la CICIG ha realizado en los siete años de su mandato.  “Es necesario mencionar que los esfuerzos realizados por la CICIG en nuestro país han dado grandes aportes a las instituciones, han fortalecido las capacidades institucionales  y han permitido que nuestros entes de investigación criminal puedan orientar casos de alto impacto con una lógica acertada y un eficiente planteamiento del caso ante los órganos jurisdiccionales”.

Agregó, que los esfuerzos notorios como el apoyo a la depuración de las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia a los habitantes de nuestro país, han sido aspectos trascendentales que han marcado a nuestras entidades; las capturas de redes del crimen organizado incrustadas en algunas de las instituciones, las capturas de funcionarios y otros empleados públicos del Estado son una clara muestra de que la Comisión en Guatemala  ha dado los resultados esperados.

“Hoy siete años después del inicio de las funciones de la Comisión, Guatemala debe analizar y autoevaluarse en cuanto a su administración de justicia, debemos ser extremadamente críticos y analíticos (…). Es el momento propicio para hacer un balance adecuado e iniciar con la transmisión de capacidades hacia las instituciones encargadas de la investigación criminal, la persecución penal y el ejercicio de la función jurisdiccional. Debe esto entonces constituirse como uno de los grandes retos para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, concluyó.

A la actividad también asistieron representantes del cuerpo diplomático y diversos sectores de la sociedad civil.

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