La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, denunció a la jueza Leticia Valenzuela ante el Ministerio Público por haber dictado resolución en la cual expulsa a la CICIG del caso del ex – presidente Alfonso Portillo.Con esta denuncia, se le solicita al Ministerio Público que remita la misma a la Corte Suprema de Justicia para dar inicio al procedimiento de antejuicio en contra de la citada jueza, en el que la CICIG pretende constituirse como querellante en el momento oportuno.

Esta denuncia se basa en que la funcionaria pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, en razón a que la jueza emitió un auto carente de fundamentación y no aplica como es su obligación la normativa procesal vigente.

La resolución judicial es manifiestamente injusta, ya que la juez deliberadamente excluye a la CICIG sin argumento, sin motivación, sin darle la oportunidad de esgrimir sus argumentos en la audiencia preliminar, ni proponer prueba incriminatoria contra el sindicado con la sola afirmación de 1 línea acerca de que la figura de aparatos ilegales no concurren en el caso.

Es de destacar que la jueza se extralimita en sus funciones porque prejuzga acerca de que si en los hechos concurren o no los elementos que definen a los grupos clandestinos o ilegales de seguridad, cuestión que es objeto de establecerse en juicio. Por otra parte, de la investigación realizada contra Alfonso Portillo, se desprenden fuertes indicios que el peculado que se le imputa lo cometió con ocasión de la actividad de uno de esos grupos criminales.

Pareciera que en su resolución, la jueza Valenzuela sigue los lineamientos del sindicado y denota una parcialidad sospechosa.

El Mandato de la CICIG es claro: COADYUVAR AL ESTADO EN LA PERSECUCIÓN, SANCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LOS CUERPOS ILEGALES DE SEGURIDAD Y APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD.