El Congreso, como mediador, organizó esta reunión en la que también participó Roberto Madriz, del Sindicato Frente Nacional de Lucha, y en la cual se entregó al Comisionado Carlos Castresana una copia del informe de la investigación sobre dos empresas mineras, específicamente relacionadas con la población de San Juan y San Marcos.

Castresana por su parte confirmó que la reunión se centró en la entrega de documentos con información sobre 20 asesinatos de líderes sindicales o líderes campesinos que no habrían tenido, hasta la fecha, la respuesta apropiada por parte de las autoridades del sistema de seguridad y de justicia en Guatemala. Aseguró que esos asesinatos podrían obedecer a la actuación de estructuras clandestinas de organizaciones criminales que operan en el interior del país en el ámbito rural y que de ser así, entrarían estrictamente dentro del mandato de la Comisión.

Sin embargo, y a pesar de reconocer la importancia y gravedad de las denuncias, Castresana explicó que tratándose de organizaciones populares, muchas veces se añade al problema mismo de la violación de sus derechos fundamentales, el problema de la dificultad de acceso a la justicia, ya que los tribunales del interior no están preparados y tampoco tienen la infraestructura que tienen los de la capital. Explicó también que el sentido de la visita era conocer esas denuncias, y con verdadera responsabilidad “hacernos cargo de estas informaciones para estudiarlas, para  investigar y de hecho, si efectivamente corresponden a nuestro mandato, actuar en consecuencia”.