COMUNICADO 040 | Foto: CICIG.

La institucionalidad del Estado de Guatemala enfrenta grandes desafíos, los cuales son el resultado de la construcción de entidades débiles formadas a través de prácticas de corrupción y clientelismo. La debilidad institucional generalizada tiene como consecuencia inmediata la prestación de servicios deficiente en las distintas esferas, la ausencia de políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento democrático y la incursión del crimen organizado en las representaciones estatales.

La sumatoria de estos elementos ha provocado que durante más de dos décadas los ciudadanos se vean sometidos a sobrevivir en un ambiente en el cual se agudiza la violencia, se limita el acceso a servicios que comprenden derechos humanos básicos de las personas y se violenta constantemente el Estado de Derecho. 

En este contexto y ante la imposibilidad de las y los ciudadanos de intervenir en la toma de decisiones por parte de sus representantes en el Estado, se ha generado un ambiente de indiferencia y apatía política que ha facilitado la cooptación del sistema por parte de actores que poseen intereses de diversa índole, incluyendo cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Estas condiciones han permitido que el aparato burocrático guatemalteco sea percibido como un botín de guerra, una oportunidad de enriquecimiento para quienes aspiran ampliar su capital económico por medio de la prestación de servicios en el Estado. Las dinámicas clientelares que aparecen como norma en el sistema, tienen como consecuencia la contratación de personal que no posee capacidad para ejercer la función pública. Esta práctica se conoce coloquialmente como “compadrazgo”, que se refiere a la asignación de una persona en un cargo público con base en criterios de amistad y no de mérito.

Las debilidades señaladas quedaron evidenciadas en algunos de los casos presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), particularmente aquellos que demostraban los vicios existentes en las relaciones contractuales que se creaban como promesa de campaña por parte de las organizaciones que logran enquistarse en el sistema. El descubrimiento de “plazas fantasma” en distintos órganos del sistema deja en evidencia la aspiración patrimonial de muchos personajes de la clase política, cuya motivación de servicio se basa en el anhelo de servirse de lo público, de convertir al Estado en su empresa y de aprovecharse de los recursos que no les pertenecen a ellos sino al pueblo de Guatemala.

Ante este panorama, se reconoce la necesidad impostergable de impulsar una normativa que aborde de forma adecuada los parámetros para el establecimiento de una carrera de servicio civil aplicable a todas las personas que conforman la burocracia estatal. Para lograr dicho objetivo es imprescindible la participación de los actores provenientes de sectores políticos, académicos, profesionales y empresariales, que sean capaces de reconocer que en la conformación de una clase técnica y profesional de servidores públicos se encuentra la clave para la construcción de una verdadera República. La virtud es el elemento que los distintos pensadores de los sistemas republicanos proclamaban como indispensable para garantizar la sostenibilidad del régimen; sin ésta, las entidades se convierten en una mera fachada que no es representativa de las demandas de los electores, dejando la vía libre a quienes ansían cooptar el sistema.

En el marco de la culminación de su mandato y en atención a lo establecido en el tercer objetivo del Acuerdo, referente a la formulación de recomendaciones y propuestas de reforma, la CICIG presenta este informe para acompañar de soluciones la problemática que antes ha quedado evidenciada en algunos de los casos de alto impacto presentados.

Recomendaciones

 Con la finalidad de alcanzar esos objetivos, a continuación se plantea una serie de recomendaciones en aras de fortalecer el sistema de servicio civil guatemalteco:

1. Consolidar la carrera administrativa y eliminar las facultades discrecionales de los administradores. Actualizar los procedimientos de sanciones y despidos. Establecer mecanismos para despidos indirectos. Adecuar las indemnizaciones en despidos justificados y, especialmente, en casos de jubilación.
2. Asegurar el criterio de mérito y el concepto de carrera establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, mediante la correcta conceptualización de la carrera administrativa.
3. Establecer la distinción entre el servidor público de carrera y el servidor público designado por las máximas autoridades de gobierno.
4. Actualizar la descripción o nomenclatura que hace la LSC de diferentes entidades públicas, muchas que han sido modificadas y otras que no existen.
5. Establecer límites a las contrataciones por medio de renglones temporales, especialmente las de servicios 029, 022 y del sub-renglón 18.Fijar parámetros más taxativos para la contratación de asesores técnicos y jurídicos.
6. Sensibilizara la ciudadanía respecto de las responsabilidades de los funcionarios en las decisiones que tomen en materia de empleo. Esto debe empalmarse con la normativa del Código Penal en casos de nombramientos ilegales o de plazas fantasma.
7. Consolidar la estabilidad laboral como garantía y compensación al buen servicio. Asegurar la carrera administrativa por medio de mecanismos de ascenso bien definidos.
8. Mejorar los mecanismos de publicidad para que se den a conocer en forma amplia las oportunidades laborales en el Estado.
9. Definir en forma precisa si los procedimientos para la resolución de los conflictos van a ser los mismos del Código de Trabajo o bien si se establecen algunas variantes para aplicación específica dentro de la administración pública.
10. Fijar claramente las limitaciones a la huelga y otras manifestaciones. Definir qué aspectos pueden ser objeto de diálogos y cuáles no admiten acuerdos al margen de las leyes. Establecer prohibiciones taxativas de huelgas en algunos servicios esenciales.
11. Elevar a la categoría de ley el Acuerdo Gubernativo 543-2013 que establece que, previo a la negociación colectiva, las autoridades están obligadas a solicitar del MFP a través de la Dirección Técnica del Presupuesto y de la ONSEC, dictamen en que se valide que cuentan con los recursos para garantizar la sostenibilidad del financiamiento necesario, que la negociación es técnicamente aceptable en gestión de recursos humanos y que no contraviene las disposiciones y estructura de salarios prevalecientes.
12. Desarrollar programas articulados y permanentes de capacitación de los diferentes niveles y especialidades, desde los operativos hasta los gerenciales.
13. Dilucidar lo mandatos de la ONSEC y de la Junta Nacional del Servicio Civil.

INFORME:

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PRESENTACIÓN:

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