COMUNICADO 046 | Foto: CICIG

El informe temático Guatemala: un Estado capturado, ofrece a la sociedad guatemalteca una interpretación analítica de la captura y cooptación del Estado a manos de distintas expresiones de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que actúan como Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI).

Para ello se analizaron algunos de los casos emblemáticos investigados por el MP y la CICIG, que muestran la forma de organización y funcionamiento de estas redes, así como las consecuencias de sus acciones, que afectan la vida, la salud, la seguridad, el bienestar de los guatemaltecos.

Los CIACS han anidado en la mayoría de entidades del Estado, incluyendo los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; muchas municipalidades e incluso en los órganos de control del Estado. Para lograr esto, han distorsionado y utilizado a su favor la institucionalidad democrática, pervirtiendo las elecciones, el sistema de partidos políticos y distintos mecanismos de participación y representación.

Para explicar la dimensión que ha alcanzado la cooptación del Estado en Guatemala, se analiza el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015). El caso es ilustrativo, ya que antes y después de dicho período han continuado operando CIACS en el Estado.
Uno de los factores explicativos de la captura y cooptación del Estado es el financiamiento de los partidos políticos. En este informe se muestra cómo los resultados de las elecciones generales y particularmente las presidenciales de 2011 y 2015 fueron moldeadas por el financiamiento electoral ilícito y cómo distintos actores utilizaron este mecanismo para lograr beneficios indebidos
En cuanto al Congreso de la República, se hace una recapitulación de los casos investigados por el MP y la CICIG en los que están involucrados diputados y exdiputados. Estos casos muestran la degradación de la elite política, e incluye desde el asesinato de periodistas hasta la contratación anómala de empleados del Congreso a quienes se les puso a trabajar en empresas y espacios privados de algunos diputados. Además, se analiza el caso subordinación del legislativo al ejecutivo, que revela la forma en que una empresa privada, con la complicidad de altos funcionarios del ejecutivo, forzaron la aprobación de una ley a la medida de los intereses de la compañía de telecomunicaciones involucrada.

En las conclusiones de este informe, se hace un balance general de lo descubierto por las investigaciones del MP y la CICIG y los desafíos y amenazas que enfrenta Guatemala frente a la respuesta de los CIACS, que se han coaligado para preservar el statu quo y restaurar el régimen de impunidad. Al respecto, se explica que las consecuencias de la captura y cooptación del Estado han tenido efectos en las condiciones de vida de los guatemaltecos, en tanto algunas de estas estructuras son responsables directas e indirectas de la muerte de personas, del deterioro de la infraestructura, la carencia de servicios públicos y la inseguridad. La acción de estas redes, sobre todo la influencia ilícita de empresarios y grupos empresariales sobre algunas decisiones públicas, han provocado distorsiones en el mercado, que afectan tanto a los empresarios que no participan de estas prácticas, como a los consumidores. La persistencia de la desigualdad y el aumento de la pobreza y la extrema pobreza, están relacionadas con la corrupción y la erosión de los recursos del Estado.

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