COMUNICADO 048 | Foto: Publinews.
La jueza Sexta de Instancia Penal, Silvia De León, resolvió anoche enviar a juicio a 18 personas sindicadas de participar en una estructura criminal integrada por particulares, funcionarios y empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”.
La jueza halló suficientes evidencias en contra de los sindicados, quienes deberán enfrentar juicio por los siguientes delitos:
- Juan Pablo Muralles Morán: asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
- Alejandro Enrique Toledo Paz: asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
- Hugo René Navas Bonilla: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- César Estuardo Hernández Monroy: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Roberto Francisco Estrada Morales: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Carlos Rodolfo Salvatierra Soto: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Marcelo Noguera Sagastume: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Carlos Rodolfo Salvatierra Soto: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- José Rafael Arriaga Fuentes: asociación ilícita y cohecho activo.
- Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez: asociación ilícita y tráfico de influencias.
- Juan Carlos Umaña Velásquez: asociación ilícita.
- Gustavo Adolfo Alejos Cámbara: asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo en forma continuada.
- Gustavo Adolfo Castillo Rojas: cohecho activo.
- Óscar Armando García Muñoz: asociación ilícita y cohecho pasivo en forma continuada.
- Erick Noé Estrada García: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Byron Humberto Arana González: asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y concusión.
- Patricia Juárez Fernández: asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Walter Omar Linares Pacheco: asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
La jueza programó para el próximo lunes 24 de julio la audiencia de ofrecimiento de prueba por parte de las partes procesales.
Antecedentes
La investigación determinó que en el interior del IGSS existió una estructura criminal que se dedicó hacer de la salud un negocio sin interesarle el bienestar de los afiliados de dicha institución. Para ello se unieron de forma organizada proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS, quienes incrementaron su patrimonio en detrimento de las finanzas del Seguro Social.
La organización criminal utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan: modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, y generación injustificada en el consumo de medicamentos con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años cuando la vigencia de este producto era sólo de dos años.