CICIG es querellante en caso de adopciones ilegales

CICIG es querellante en caso de adopciones ilegales

NOTICIA 007


La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue aceptada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal como querellante adhesiva en el caso de Mario Fernando Peralta Castañeda, juez de la Niñez y Adolescencia del departamento de Escuintla, sindicado de participar en varios procesos ilegales de adopción.

La Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad a Peralta Castañeda, el 3 de noviembre de 2010, para que se le investigue por haber indicios de su probable participación en adopciones irregulares mientras se desempeñaba como juez de la Niñez y Adolescencia en Escuintla.

En este caso también actúa como querellante adhesiva la madre de una de las menores que fueron entregadas en adopción de manera irregular, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes, institución que le ayudó a localizar el paradero de su hija.

Norma Cruz, directora de esta institución, manifestó que sí hay suficientes evidencias contra el juez para que sea procesado, con las cuales se comprueba la participación de otros operadores de justicia en adopciones irregulares. “También están involucrados otros jueces que si bien no tuvieron una participación directa, sí han jugado un papel de encubrimiento al no permitir que se haga justicia y han colaborado para que estas estructuras de trata de personas actúen de manera impune”, aseveró.

No obstante, manifestó su esperanza de que otros juzgadores no incurran en tráfico de influencias y que resuelvan apegados a las leyes guatemaltecas, para que este tipo de casos avancen en los tribunales de justicia.

Otro caso
Asimismo, el 6 de octubre del 2010, la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad al citado juez para que sea investigado por haber declarado en abandono a otros dos niños, a pesar de que los expedientes de adopción presentaban una serie de irregularidades.

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Este caso está pendiente de que se designe al Juzgado contralor de la investigación, para que el MP inicie las acciones legales contra el juez.

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