COMUNICADO 052
Por su presunta participación como una de las principales líderes de la red de defraudación aduanera “la línea”, Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, ligó a proceso a la ex vice presidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
Luego de dos días de audiencia de primera declaración, el juez Gálvez halló suficientes medios de investigación contra la ex funcionaria, entre los que se encuentran interceptaciones telefónicas, extracciones forenses, tablas numéricas donde se determina la manera en que la organización se repartía los sobornos, y otras pruebas documentales que vinculan a Baldetti Elías con la estructura criminal.
En su análisis en relación con los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, el juez Gálvez manifestó que en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se conformó una estructura interna y una externa que tenían como objetivo beneficiarse monetariamente a través de las aduanas del país.
“En el delito de cohecho pasivo se llega a establecer que en este momento existen los indicios racionales que hacen prudente dictar el auto de procesamiento, por la supuesta comisión de este delito”, expresó el juez.
Resaltó que los datos sobre el pago de los sobornos manifestados en las conversaciones telefónicas se confirmaron con los documentos que se hallaron en los allanamientos realizados en las propiedades de varios de los sindicados.
Agregó que no es común que los sindicados hablaran en las conversaciones de la “dos”, “la dueña de la finca” o “la señora”, lo cual daba indicios de la participación de Baldetti Elías dentro de la estructura, pero por el cargo que ella ostentaba no daría las órdenes directamente dentro de la organización delictiva.
El juez programó la continuación de la audiencia para el día de mañana, en la cual se resolverán las medidas de coerción en contra de Baldetti Elías.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG presentaron más de 20 interceptaciones telefónicas, con las cuales se evidenció la manera de operar de la estructura en las diferentes aduanas del país a través de las conversaciones de algunos de sus integrantes, funciones de la organización criminal, manera en que subvaloraban la mercadería que ingresaba y porcentajes que le correspondían a algunos integrantes de la organización, entre otros.