COMUNICADO 034 | Foto: La Hora.
El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó hoy por la tarde el arraigo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal Ramos, como medida precautoria para garantizar su presencia en el país, luego de que el Congreso de la República decidió retirarle la inmunidad con 136 votos a favor para que sea investigado por su vinculación el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La solicitud de arraigo fue solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en conjunto con la CICIG.
La comisión pesquisidora del Congreso, encargada de conocer el antejuicio contra Charchal Ramos, recomendó el pasado 7 de mayo despojar del derecho de inmunidad al magistrado por considerar que existen suficientes indicios en su contra, y quien es sindicado del delito de tráfico de influencias para favorecer con una resolución judicial a la empresa TCQ.
Antecedentes
La empresa TCQ interpuso un amparo en contra del alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que TCQ debía pagar licencia de construcción en dicha comuna. El monto fijado por la municipalidad ascendía a Q24 millones, por lo que esta empresa se oponía al pago millonario.
Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, Juan Carlos Monzón (colaborador eficaz) se reunió con el magistrado Charchal Ramos y con su asistente Mario Ruano, quienes acordaron gestionar una resolución favorable para TCQ.
ANTEJUICIO CONTRA VLADIMIR AGUILAR
Esta misma tarde, también en conjunto la FECI y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Osmán Aguilar Guerra, por su presunta participación en dicho caso.
La solicitud fue presentada en el Centro Administrativo de Gestión Penal del Organismo Judicial, por los delitos de tráfico de influencias, concusión y resoluciones violatorias a la Constitución.
Al magistrado Aguilar Guerra se le señala de sostener una serie de diálogos y encuentros con personas del Gobierno de ese entonces, de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y de TCQ, con el fin de que en su calidad de abogado del Estado mantuviera una opinión favorable a la legalidad del contrato de “usufructo oneroso”, no obstante a los cuestionamientos de diversos sectores que se pronunciaron en contra del otorgamiento de dicho contrato por considerarse lesivo a los intereses del Estado guatemalteco.