COMUNICADO 030
Durante su visita a Guatemala, la Senadora se reunió con diversas autoridades encargadas de la protección de la niñez y manifestó su desacuerdo con el informe de CICIG sobre estructuras criminales dedicadas a adopciones ilegales.
En la edición del medio de comunicación guatemalteco Prensa Libre del 26 de abril de 2011 (páginas 4 y 5), aparece publicada una noticia sobre la visita de la Senadora estadounidense Mary Landrieu en la que se lee: “Landrieu comentó que no comparte todos los hallazgos que la CICIG presentó en un informe a finales del 2010, donde detalla anomalías en los procesos de adopción que quedaron en transición entre la ley anterior y la actual.”
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicita públicamente a la Senadora Landrieu aportar ante la sociedad guatemalteca las pruebas en las que se sustenta para descalificar el contenido del “Informe sobre actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares en Guatemala”. Asimismo, le invita a explicar ante la sociedad guatemalteca cuál es su posición ante las numerosas adopciones de niños y niñas sustraídos ilegalmente a sus padres biológicos.
La CICIG hace saber a la opinión pública que dicho Informe es resultado de la labor de un equipo de expertos profesionales, que durante 18 meses analizaron más de 3342 avisos notariales de los registros de la Procuraduría General de la Nación (PGN) relacionados con procesos de adopción, 1412 actas de verificación emitidas por la PGN y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), 879 solicitudes y procesos de medidas de protección de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, y 153 declaratorias de adoptabilidad emitidas por los Juzgados de Niñez y Adolescencia. Asimismo, se estudiaron más de 50 investigaciones penales que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) en relación al delito de trata de personas con fines de adopción irregular.
Del análisis de la información recabada, se detectó que más del 60% de los procesos de adopción analizados contenían ilegalidades tales como robo y compra-venta de niños/as, amenaza y engaño a madres biológicas, y falsificación de documentos para la realización de “procesos de adopción” tanto antes como después de la entrada en vigor de la Ley de Adopciones (31 de diciembre 2007). Existen múltiples y claros indicios de que en muchos casos, las ilegalidades fueron promovidas por estructuras de delincuencia organizada trasnacional que actuaron con la participación y/o aquiescencia de funcionarios del Estado. Actualmente, el Ministerio Público investiga más de 325 procesos de adopción cuyos trámites presentan graves irregularidades.
En su informe, la CICIG logra determinar el modus operandi de redes de delincuencia organizada trasnacional dedicadas a la trata de niños/as mediante adopciones ilegales. A partir de dicho informe la CICIG también logró determinar que la adopción internacional en Guatemala, en lugar de ser un medio para procurar una familia al menor desprotegido, frecuentemente se ha convertido en un mecanismo para entregar niños/as a quienes lo soliciten y paguen, convirtiendo dicha institución en una lucrativa modalidad de trata de personas tipificada en el Código Penal guatemalteco.
Entre los numerosos hallazgos del informe de la CICIG se establece que sólo el 10% de los niños/as de niños guatemaltecos que fueron dados en adopción entre 2007 y 2010 se encontraban en situación de orfandad o abandono.
Asimismo se detectaron casos concretos en que los representantes y/o facilitadores de las agencias internacionales de adopción en Guatemala tuvieron conocimiento del origen ilícito de los niños/as dados en adopción y sin embargo continuaron los procesos ilegales mediante pruebas de ADN alteradas, engaño y amenaza a madres biológicas, y la utilización de documentos falsos.
CICIG apoya que las adopciones internacionales constituyan una opción de vida para aquellos niños/as que lo requieran. Sin embargo, dado que los procesos de adopción aún pendientes cuentan con serias irregularidades, CICIG apoya la posición de PGN, CNA y MP -instituciones competentes en la materia-, y en particular promueve que, como mínimo, cada proceso de adopción aprobado de manera individual deberá establecer: 1) el origen lícito del menor, 2) la ratificación del consentimiento de la madre biológica, 3) la determinación de la filiación mediante pruebas de ADN, y 4) la veracidad de los documentos de identidad del niño/a y de la madre.
La CICIG reitera su firme compromiso de continuar apoyando a las instituciones guatemaltecas, en particular a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Nacional de Adopciones y al Ministerio Público, en su lucha por erradicar las adopciones ilegales y combatir la impunidad.