COMUNICADO 028 | Foto: TN23.
El Tribunal de Mayor Riesgo B emitió sentencias contra 10 integrantes de una estructura criminal, liderada por Walter Obdulio Mendoza Matta, al hallarlos culpables del despojo de tierras a campesinos a través de amenazas, engaños y violencia en el departamento del Petén.
El Tribunal le dio valor probatorio a las pruebas presentadas -durante el juicio por la FECI del Ministerio Público y la CICIG- en contra los integrantes de dicha organización, quienes fueron condenados por los siguientes delitos:
1. Walter Obdulio Mendoza Matta
– Usurpación agravada: 8 años.
– Lavado de dinero u otros activos: 8 años y multa de Q.3,185,585.00
2. William Alfredo Mendoza Tally
– Lavado de dinero u otros activos: 6 años y multa de Q.3,193,000.00
3. Jeffrey Obdulio Mendoza Tally
– Lavado de dinero u otros activos: 6 años y multa de Q.2,691,000.00
4. Mariana Isabel Mendoza Tally
– Lavado de dinero u otros activos: 6 años y multa de Q.2,690,000.00
5. Pablo André Mendoza Paz
– Lavado de dinero u otros activos: 6 años y multa de Q.1,588,000.00
6. Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz
– Usurpación agravada en forma continuada: 8 años
– Lavado de dinero u otros activos: 8 años y multa de Q.1,293,700.15
7. Julia María Murillo Arteaga
– Lavado de dinero u otros activos: 6 años y multa de Q.412,000.00
8. René Danilo Mejía Mejía
– Usurpación agravada: 3 años e inhabilitación para el ejercicio de notario.
9. Nehemías Matheu López
– Usurpación agravada: 2 años e inhabilitación de 2 años.
10. José Gabriel Torres Ayala
– Usurpación agravada: 2 años.
Absueltos por el delito de asociación ilícita: Walter Mendoza, William Mendoza, Gustavo Ramírez y Jeffrey Mendoza.
Antecedentes
A los integrantes de esta estructura criminal se les acusó de legalizar al menos 28 fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados, liderados por Walter Obdulio Mendoza Matta, quienes forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios. Ellos fraccionaban escrituras públicas para respaldar los actos jurídicos; posteriormente realizaban la cancelación de dichos documentos y elaboraban otros para legalizar la inscripción en el Registro General de la Propiedad.