Panelistas debaten sobre crimen organizado y sistema judicial

Panelistas debaten sobre crimen organizado y sistema judicial

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Dentro del marco del foro organizado recientemente por Alternativa Independiente, Francisco Javier Dall´Anese Ruiz, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y panelistas invitados debatieron sobre el tema “El crimen organizado frente al sistema de justicia”.

En la actividad también participaron: Haroldo Vásquez, presidente electo de la Asociación de Jueces y Magistrados; Arabella Castro, ex Registradora de la Propiedad Inmueble y Mynor Oxom, Agente Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público.

En su intervención el Comisionado definió el crimen organizado como un grupo estructurado por tres o más personas que actúan concertadamente con el fin de cometer uno o más delitos graves o delitos con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de orden material.

“El crimen organizado es una empresa estructurada exactamente como las empresas lícitas, pero con propósitos o medios ilegales. Los capos de estos grupos son “empresarios”, quiénes no tienen escrúpulos para hacer sus fortunas al margen de la ley (…). Este tipo de empresas tiene socios, mandos medios, dirección, servicios de distribución, venta al menudeo y se asemeja con una empresa lícita”, enfatizó el Comisionado.

“El crimen organizado es una empresa estructurada exactamente como las empresas lícitas, pero con propósitos o medios ilegales. Los capos de estos grupos son “empresarios”, quiénes no tienen escrúpulos para hacer sus fortunas al margen de la ley”. 

Francisco Javier Dall’Anese Ruiz
Comisionado de la CICIG

Hizo ver que el Estado debe trabajar para reducir los espacios a estas bandas organizadas y no verlas como invisibles, porque es la única manera de derrotarlos y garantizar la seguridad a los ciudadanos honestos para que éstos puedan realizar sus actividades tranquilamente.

“Si el Estado no cobra impuestos, no atiende necesidades sociales y no hay servicios públicos ni posibilidades de progreso para la gente, llega el “papá crimen organizado” y le da a la población todo lo que el Gobierno no le provee; entonces a quién le hará caso la gente?” expresó.

Por ello, el Comisionado dijo que se debe impulsar una política de persecución para combatir a estos grupos y priorizar los casos porque no todos se pueden atender por igual. “Hay que tomar decisiones políticas aunque luego vengan las críticas, pero el Fiscal General tiene que darle más prioridad a unos casos que a otros; la ley le da al MP otras vías como la conciliación para resolver los expedientes de menor impacto”, manifestó.

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Delitos patrimoniales
En el tema de los delitos patrimoniales, el Comisionado expresó que hay muchas organizaciones criminales de notarios que “resucitan muertos y éstos comparecen a las diligencias judiciales. “Algunos grupos de notarios constituyen verdaderas organizaciones que falsifican escrituras y luego hay jueces que sistemáticamente están resolviendo a favor de determinadas personas”.

Para el jefe de la CICIG los jueces deben ser los garantes para que la gente honrada no pierda sus bienes en manos de criminales. “Debe existir una revisión de las cuentas de los jueces para verificar si no hay incrementos injustificables”.

Agregó que cualquier organización criminal cometerá delitos patrimoniales, porque tiene que lavar el dinero tarde o temprano de los negocios ilícitos que realice, y una vez separado lo que se destina a la operación empresarial ilícita el resto se tiene que legitimar. “Para ello hay que sobornar a funcionarios para conseguir autorizaciones, permisos, construir negocios o abrir locales comerciales”.

A criterio de Arabella Castro, ex Registradora de la Propiedad Inmueble, el crimen organizado relacionado con la usurpación de bienes inmuebles tiene como socio de la empresa a un notario, y muchos de estos profesionales son parte activa de esta empresa lucrativa a sabiendas de que es ilegítima.

Explicó que la mayoría de usurpaciones se cometen a través de la falsedad e identidad de las personas y que muchas de las estafas de inmuebles son en contra de ancianos. Otro tipo de falsificación es cuando se hacen desmembraciones o condominios y luego lo ingresan al Registro de la Propiedad con el fin de venderlas de manera ilegal.

“Es un paraíso terrenal para el crimen organizado cometer este tipo de ilícitos, en un país en donde las instituciones son débiles (…). Cuando trabajaba en el Registro de la Propiedad se sabía quiénes encabezaban mafias de notarios y se presentaron más de mil denuncias en cuatro años, pero cuando hubo detenciones los jueces no comprendieron en donde estaba la falsedad, y dejaban libres a los sindicados”, explicó.

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“Los jueces no han comprendido qué son las mafias y el crimen organizado, y con sus resoluciones ellos favorecen a que los casos continúen impunes”. Por ello dijo que debe existir una carrera judicial y que la Junta de Disciplina Judicial no sea integrada por jueces para que no existan favoritismos y haya una verdadera sanción hacia los que están actuando al margen de la ley con sus fallos.

“El sistema judicial no tiene capacidad para remover a un mal juez porque no hay una base de datos en la Escuela de la Carrera Judicial, la Junta de Disciplina Judicial y en el Departamento de Recursos Humanos que ayuden a verificar información sobre determinado juez”, manifestó Castro.

Labor del juez
Por su parte, el juez Haroldo Vásquez se refirió al tema de la actuación de los jueces. “En un país como Guatemala no es sencillo ser juez porque es difícil actuar cuando está de por medio el crimen organizado y los poderes paralelos”, comentó.

“Es complicado resolver un caso cuando no se tienen las condiciones de seguridad adecuadas, y esta situación se vuelve más difícil cuando se están juzgando procesos de alto riesgo porque los interesados tratan de vulnerar la ética del juzgador, y si éste no cede luego vienen las amenazas”, expresó.

A criterio de Vásquez para evitar las anteriores situaciones deben existir nombramientos vitalicios y una verdadera carrera judicial que establezcan ascensos para los jueces y magistrados. “El sistema de nombramientos debe ser el adecuado, porque muchas veces se eligen  a funcionarios públicos que no tienen la vocación, voluntad política y el interés de servir”.

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En relación al sistema de evaluación para jueces y magistrados aseguró que en la última evaluación de jueces de paz aproximadamente el 33 por ciento de un grupo de 60 no pasaron la prueba.  En el caso de los jueces que incurren en algún ilícito dijo: “Si un juez comete hechos delictivos debe ser procesado y que salga del sistema judicial”.

Conclusiones 
El Comisionado concluyó que deben ser prioridad las reformas constitucionales en materia judicial: “Tiene que haber inamovilidad en el cargo, un sistema de ascensos y promociones y salarios dignos; sobre todo una expectativa de una jubilación que permita vivir con dignidad a los jueces después de haber dedicado su vida al país”.

Para ello dijo que tiene que existir un Consejo de la Judicatura que esté monitoreando y evaluando a los jueces a efecto de determinar si llenan los requisitos para algún ascenso. Además, debe haber indicadores de efectividad para determinar si un juez está cumpliendo con su trabajo.

Mientras tanto, el juez Vásquez enfatizó que la Asociación de Jueces y Magistrados está a favor de la independencia judicial como un patrimonio inicialmente de la población y una herramienta del juzgador.

“Si aceptamos amiguismos y compadrazgos estamos resquebrajando el poder judicial y el Estado de Derecho democrático. Este tipo de consideraciones hay que señalarlas y denunciarlas porque ello no fortalece al sistema de justicia”, aseveró.

En su conclusión, Castro hizo un llamado a las instituciones para mejorar la transparencia y responsabilidad en el gremio de abogados para que no incurran en hechos ilícitos, como participar en la elaboración de documentos ilegales para favorecer a las mafias.

“Nos corresponde a nosotros los abogados defender al gremio, y parte de ello es  exigir un pensum universitario serio y no una carrera que es utilizada por gente que se dedica a las falsificaciones de documentos. Por esto hay que tener leyes más rígidas que inhabiliten a abogados y notarios que se dedican a este tipo de trabajos”.

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