NOTICIA 035

Recientemente se llevó a cabo el foro político-académico “Retos para poner fin a la impunidad en Centroamérica: reflexiones a partir de la experiencia CICIG-MP”, en el cual el Comisionado Francisco Javier Dall´Anese Ruiz y la Fiscal General Claudia Paz y Paz abordaron los temas sobre la depuración de jueces y fiscales, logros que heredaron de sus antecesores y el papel del Ejército.

La actividad fue organizada por la Plataforma Holandesa contra la Impunidad, con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

En el tema de la depuración de jueces, fiscales y policías en las instituciones judiciales, la Fiscal  General manifestó que es una tarea que deben emprender el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a manera de crear entidades independientes y eficientes en su trabajo.

Resaltó la labor de colaboración de la Comisión en dichas instituciones porque ha contribuido a fortalecer su trabajo. “En el 2007 cuando se instaló la CICIG era alto el nivel de impunidad en el esclarecimiento de delitos contra la vida, y hace unas semanas la Fundación Mirna Mack entregó un informe donde señala que el MP aumentó la efectividad en la resolución de estos casos”, manifestó la jefa del MP.

En opinión del Comisionado, para el fortalecimiento de las instituciones de justicia debe existir la independencia e inamovilidad de jueces, una carrera judicial y un régimen disciplinario de contrapeso para que haya una depuración constante de quienes violen las leyes y no cumplan con sus deberes.

“Los funcionarios judiciales tienen que trabajar sin temor a la institución y a la persecución, y por ello deben crear una esfera de protección jurídica que sea real y que la ley se cumpla sin ninguna distinción; por esta razón es necesario la reforma constitucional para darle una verdadera independencia a los jueces y al Fiscal General de la República”, señaló.

Logros
En relación a los logros de sus antecesores, la Fiscal General destacó que el ex Fiscal Amílcar Velásquez Zárate impulsó la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual ha sido fundamental para la persecución penal de la criminalidad organizada, pese a que desde el 2006 esta normativa fue aprobada pero había una “fuerte resistencia” para aplicarla.

“La segunda gran herencia de mi antecesor fue el equipo de trabajo porque cuando llegué al MP encontré a hombres y mujeres fiscales comprometidos con su trabajo para perseguir el delito”, manifestó.

El Comisionado calificó de positiva la labor del ex Comisionado Carlos Castresana porque cuando estuvo al frente de la CICIG le dio una “sacudida al pueblo de Guatemala con sus denuncias e intervenciones públicas y con ello logró que la población exigiera una justicia adecuada en la resolución de casos”, indicó.

Agregó que a lo anterior se suma el equipo humano que dejó el ex jefe de la CICIG en las unidades de Análisis Financiero y Criminal, abogados, investigadores y agentes de seguridad. Además logró una buena coordinación con las autoridades de la pasada administración para el avance de los casos penales a cargo de la Comisión.

Seguridad
El Comisionado mencionó que el papel del Ejército es defender en sus fronteras al país de una potencia extranjera y no le corresponde intervenir en la política de persecución criminal y prevención del delito.

Explicó que la doctrina militar es “vencer o morir”, mientras que la doctrina policial busca reducir los espacios de la criminalidad y manejar las situaciones en los conflictos sociales. Por ello aseveró que no puede mezclarse asuntos policiales con estrategias militares porque corresponden a objetivos y fines distintos.

A consideración de la Fiscal Paz y Paz, los militares pueden prestar apoyo en determinadas situaciones extremas de seguridad, particularmente en fronteras, pero en el combate a la criminalidad sólo deben actuar la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP.

“En la persecución del delito hemos avanzado en gran medida al coordinar nuestras acciones con los investigadores policiales, por lo que considero que en el combate al crimen organizado hemos sido más efectivos con un trabajo muy profundo de investigación que nos ha permitido efectuar operaciones exitosas contra las estructuras criminales”, expresó.

Agregó que un país se beneficia cuando hay un respeto al Estado de Derecho porque en la medida que la justicia sea más equitativa, la población tendrá mayor confianza en las instituciones de justicia.