JUZGADO RESUELVE ENVIAR A PRISIÓN A ALCALDE DE LA ANTIGUA GUATEMALA Y A OTRAS 10 PERSONAS

JUZGADO RESUELVE ENVIAR A PRISIÓN A ALCALDE DE LA ANTIGUA GUATEMALA Y A OTRAS 10 PERSONAS

  COMUNICADO 072


El Juzgado de Mayor Riesgo “B” resolvió la madrugada de hoy enviar a prisión preventiva y ligar a proceso a Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de La Antigua Guatemala, junto con otras 10 personas, por su presunta vinculación con actos de corrupción en esa municipalidad que se cometieron a través de empresas familiares.

En la audiencia de primera declaración, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió que Vivar Marroquín y Boris Alexander Asencio, tesorero de la comuna antigüeña, fueran procesados por los delitos de lavado de dinero, peculado, fraude, concusión y asociación ilícita.

Mientras que por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y caso especial de estafa fueron ligados a proceso: Leonel Rodrigo Amado Molina, propietario y representante legal de empresas y cuñado del alcalde; María Mercedes Reyes Carías, empleada bancaria; y los representantes de empresas: Adriana del Carmen Castillo Recinos de Coloma, Ana Elisa Coloma Gaytán de Amado, Aurelio Cuy Chávez, José Armando Arrecís Ramírez, Claudia Suzzette Vela Sagastume, Josué Renato de la Roca Sagastume y César Eduardo Castellanos Álvarez.

Antecedentes
Las investigaciones de la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron que Vivar Marroquín junto con los otros sindicados formaron una estructura para desviar los recursos de la comuna a través de la creación de 11 empresas “de cartón” (del 2008 al 2012), varias de éstas dedicadas a la construcción y a las cuales se les adjudicaba proyectos sobrevalorados.

Otra manera de desviar los fondos de la municipalidad fue a través del pago de planillas a supuestos trabajadores de la comuna y la cancelación de servicios no prestados. Además se estableció que hay una relación familiar y financiera entre Vivar Marroquín y los representantes de las mencionadas empresas, lo cual existe una prohibición legal para la celebración de estos negocios.

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La CICIG actúa como querellante adhesiva en este proceso penal.

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