INFORME EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA EN GUATEMALA

INFORME EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA EN GUATEMALA

COMUNICADO 039


Con la presencia de diversos sectores de la sociedad, el Comisionado Iván Velásquez Gómez presentó hoy el Informe del Financiamiento de la Política en Guatemala, en el cual abordó los temas: la relación dinero-política, el sistema político guatemalteco y su financiamiento, el modelo de análisis del financiamiento político en Guatemala, el financiamiento ilícito de la política, conclusiones y recomendaciones.

Los comentarios finales estuvieron a cargo de Catalina Soberanis, Coordinadora de la Unidad de Análisis Estratégico del PNUD; y de Phillip Chicola, Analista Político.

El Comisionado Velásquez manifestó: “Nuestra pretensión, más que el señalamiento de casos concretos que tienen que ver con la investigación criminal, es presentar un estudio acerca del financiamiento de la política en el país, es decir, ejemplificar algunas formas que se utilizan en el financiamiento particularmente ilícito de la actividad política. Pretendemos con esto hacer un estudio de cómo ha sido la relación del dinero y la política en Guatemala con el objetivo de que a partir de este estudio académico, se pueda aportar a las necesidades de reforma del sistema después de examinar cómo opera en la actualidad”.

“No estamos asumiendo ningún papel en la contienda partidista. Reivindicamos nuestra defensa del Estado de Derecho. Reivindicamos la necesidad de profundizar el Estado de Derecho, de fortalecer las instituciones nacionales; pero como observadores y actores desde el plano de la investigación criminal nos sentimos con la obligación de presentarle a la sociedad guatemalteca y al Estado de Guatemala nuestras reflexiones acerca de la realidad que observamos para exhortarles a que examinen esa realidad en la que viven y logren transformarla, si en verdad comparten con nosotros esta visión poco optimista de la realidad actual, pero que está en manos de la sociedad guatemalteca transformar”.

“Con todo el respeto -que debemos reiterar dada nuestra condición de extranjeros- pero con todo el ánimo de contribuir al país en el examen y en la reflexión de su situación real, formulamos estas recomendaciones. La sociedad guatemalteca debe decidir. Durante más de una década diversas entidades guatemaltecas e internacionales han promovido un debate profundo sobre la reformas a la legislación electoral y particularmente sobre el financiamiento. Es poco lo que se puede agregar a lo ya discutido y es a la sociedad a la que corresponde tomar las decisiones específicas”.

EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA EN GUATEMALA

La relación dinero-política

El debate público: Se constata que, en muchos casos, la capacidad para influir en las decisiones públicas —en distintas esferas de la administración del Estado— es directamente proporcional a los recursos que las personas y/o grupos de interés puedan movilizar. Esto abarca desde influir en políticas económicas —la definición de contingentes de importación o aranceles, por ejemplo— hasta procesos judiciales.

Origen y forma del financiamiento: El financiamiento puede ser público o privado. El público, proviene de los impuestos y generalmente está regulado por la legislación en lo referente a monto y destino. El privado, que es el que interesa prioritariamente para este estudio, puede provenir de afiliados, donaciones individuales, grupos de interés, créditos etc.

Clases de motivación en el financiamiento privado: Este tipo de aporte tiene dos clases de motivaciones: la pragmática y la ideológica. La primera responde al interés de obtener beneficios directos de los recursos públicos y ven en las elecciones una oportunidad para asegurar futuros negocios y consideran al candidato como una inversión.

Los riesgos del financiamiento privado: Si es poco regulado y opaco, genera riesgos para el proceso político y la democracia en su conjunto.

El sistema político guatemalteco y su financiamiento

El sistema se mueve por flujos privados: El financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han moldeado mutuamente: este último responde, en buena medida, a los flujos de financiamiento privado y mayoritariamente ilícito.

La misma política modela su financiamiento: Desde la política se ha construido un entramado de instituciones, empresas constructoras, ONG´s, fundaciones y otro tipo de entidades que canalizan recursos hacia las campañas electorales y los políticos.

Volatilidad electoral: Desde 1984, el sistema político guatemalteco tiene ciertas peculiaridades que incluyen la fluidez del sistema de partidos; la volatilidad electoral; la concentración de la oferta electoral en el centro y la derecha del espectro político; el peso de los poderes fácticos; y la continuidad del statu quo económico y social.

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Las franquicias electorales: Uno de los productos más perversos de este proceso ha sido el surgimiento de partidos franquicia: un grupo de ciudadanos alrededor de un dirigente cumple los requisitos mínimos para inscribir un partido y, en cada elección, lo pone a disposición de personas interesadas en postularse y, en caso de que no cuente con una oferta satisfactoria, lo reserva para la siguiente elección. Casos extremos de esto pueden observarse con los partidos Ciudadanos Activos en Formación Electoral (CAFÉ), Partido Libertador Progresista (PLP) y Movimiento Reformador (MR), entre otros.

Termina el partido continúa el político: A pesar de su fragmentación y fluidez, y pese a la volatilidad electoral, existe cierta continuidad de diputados y alcaldes que han sido reelectos a pesar de que han cambiado varias veces de partido. Esta última es una característica adicional del sistema político guatemalteco y que impacta directamente en su financiamiento.

Las redes político-económicas ilícitas (RPEI): Son lideradas por el poder regional y local. Las redes políticas que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales son el elemento constitutivo y, en buena medida, explicativo del sistema político guatemalteco: permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y, a la larga, han posibilitado la continuidad del sistema. La vinculación a estas redes permite a los alcaldes municipales tener acceso a recursos públicos adicionales a los establecidos constitucionalmente

Buscan objetivos comunes: Estas estructuras, lideradas por lo que la prensa ha denominado como «señores feudales» o «caciques», constituyen redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional. Estas redes constituyen una confluencia de individuos y/o agrupamientos de individuos que se auto-organizan y cooperan, comunican e informan, y que poseen intereses comunes y/o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico y/o mixtas principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas. Estas redes llevan a cabo prácticas políticas y transacciones económicas ilícitas.

Su diseño es complejo: Las RPEI han constituido estructuras complejas en torno a algunos diputados distritales y que incluyen a alcaldes, empresas constructoras, oenegés y operadores/intermediarios locales que permiten que el diputado pueda mantener una base política y financiera en torno a su persona. A partir de ese mecanismo, este diputado puede pasar, según su conveniencia, de un partido a otro, utilizando los recursos públicos para financiar la estructura y enriquecerse.

Realizan coaliciones: Estas estructuras establecen vínculos horizontales con grupos similares, creando una suerte de coaliciones que se expresan en el Congreso de la República y, en períodos electorales, alrededor de candidatos (as) presidenciales.

El financiamiento de la política en Guatemala:

Público: El directo es calculado en razón del equivalente de dos dólares estadounidenses por voto válido obtenido en las elecciones presidenciales o de diputados por listado nacional. Publico indirecto, la ley establece el derecho de las organizaciones partidarias a disponer de franquicias postales y telegráficas durante el período electoral. 

Privado:Con relación al financiamiento privado, el Reglamento establece que todo ingreso proveniente de aportaciones y recaudaciones dinerarias, así como aquellas aportaciones no dinerarias que reciban las organizaciones políticas individuales o jurídicas, deberá acreditarse en recibos impresos. Estos recibos deben estar autorizados por la (SAT). 

 

La impunidad electoral: Una de las principales dificultades que enfrenta el sistema electoral guatemalteco y que va más allá del tema del financiamiento es la pobre regulación sancionatoria de los delitos electorales, tanto administrativa como penal. Esta situación, sumada a una difícil implementación por parte de las instituciones, ha resultado en la existencia de muy altos niveles de impunidad electoral.

Alta impunidad en delitos electorales (95% al 100%): Analizando el conjunto de los datos, se puede afirmar que los porcentajes de impunidad de delitos electorales son de 95 al 100%. Esto permite aseverar con contundencia que Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia.

Los medios de comunicación son determinantes y consumen un alto porcentaje del financiamiento: Los medios de comunicación desempeñan un papel determinante en el proceso político en tanto que, mediante ellos, los ciudadanos se informan, construyen y en algunos casos modifican sus preferencias políticas. Los medios —y de manera particular, la radio y la televisión— son centrales en las campañas electorales para comunicar los mensajes y promesas de los candidatos a puestos de elección popular. En Guatemala, al igual que en América Latina un alto porcentaje de los gastos de campaña se destina al pago de anuncios en televisión, prensa y radio.

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El modelo de análisis del financiamiento político en Guatemala

El sistema es complejo y se presta a corrupción: El financiamiento político constituye un sistema complejo de captación y flujo de recursos, entramados de corrupción y compromisos que operan en distintos ámbitos geográficos y de la estructura política.

Campaña electoral de 2011: De acuerdo con el TSE, más de 300 millones de quetzales no fueron reportados como ingresos de los partidos y fueron empleados en la campaña electoral.

Como recaudan el financiamiento los partidos: Predomina la persona por encima del partido y el financiamiento es descentralizado.
Las fuentes- Para presidencia: Las campañas nacionales han sido financiadas por las empresas guatemaltecas transnacionalizadas y las empresas transnacionales; los empresarios organizados en asociaciones; los proveedores del Estado; los medios de comunicación; y personas ligadas con estructuras criminales.

Para diputados. Las campañas distritales se financian mediante fondos que los candidatos a diputados y diputados en busca de reelección logran movilizar. En muchos casos, estos fondos provienen de entramados de empresas y oenegés articulados por los mismos diputados y que se alimentan de fondos públicos y que, con suma frecuencia, pueden desarrollar vínculos con estructuras criminales.

Para alcaldes: son financiadas mediante recursos de los candidatos y, en ocasiones, con recursos provenientes de empresas y entidades dedicadas a la construcción de obra pública.

El financiamiento ilícito de la política

Las élites empresariales y el financiamiento ilícito de la política: En los informes presentados por los partidos políticos al TSE y que dan cuenta de los fondos recibidos, nunca o casi nunca se lee el nombre de empresas o empresarios adscritos a las principales asociaciones.

El caso de Gustavo Alejos en la UNE: Uno de los casos emblemáticos más recientes en el que el recaudador se enriquece y construye redes es el de Gustavo Alejos. Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012). Fue nombrado secretario privado de la Presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colom durante las campañas electorales de 2003 y 2007, influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este período, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos, y su hermano y padre, respectivamente, fueron nominados como candidatos a diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Reconoció públicamente que apoyaba con financiamiento a Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE; a Roberto Alejos, de TODOS; y a la GANA.

Los medios de comunicación y el financiamiento indirecto de la política:Tomando en cuenta estas tendencias debe considerarse, además, que desde los medios de comunicación puede realizarse una suerte de financiamiento indirecto de la política a través de ceder espacios para «infomerciales» disfrazados de notas periodísticas en los noticieros televisivos y radiales; posicionar a líderes políticos y vetar a otros en la cobertura noticiosa; y pactar tarifas diferenciadas por tiempo de aire.

Tipos de financiamiento político ilícito en torno a la obra pública:

 

a) Constructores aglutinados en asociaciones influyen a través del financiamiento político y sobornos en posiciones estratégicas en el CIV y/o en el Congreso, lo que les permite incidir en la adjudicación de nuevas obras y/o en el mantenimiento de la red vial.
b) Redes político-económicas ilícitas construidas alrededor de diputados y/o alcaldes que articulan redes de constructoras y ONG´s a las que canalizan obras públicas permiten el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, así como el financiamiento de campañas electorales
c) Estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales para obtener a posteriori la adjudicación de obras públicas.

El financiamiento de campañas presidenciales:

Caso de Llort Quiteño con el FRG. En el ámbito presidencial, este caso permitió captar cómo un financista con el más alto nivel de contactos en el Ejecutivo mantuvo estrechos vínculos con grupos criminales.

El financiamiento de la UNE.

Durante la administración de Álvaro Colom operaron por lo menos dos estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder:

a) Gloria Torres, Una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia fue la que construyó la hermana de la entonces esposa del presidente, Sandra Torres. La señora Gloria Torres, quien fue una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización. 

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b) Obdulio Solórzano Montepeque. Lo que se presenta es la participación de un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno. Solórzano, financista de la UNE, fue postulado y electo, en 2003 y por este mismo partido, como diputado por Escuintla; a principios del gobierno de Álvaro Colom, fue nombrado director de FONAPAZ. Su gestión al frente de esta entidad estuvo caracterizada por denuncias de corrupción. 

Participación directa de integrantes de grupos criminales:

Frente a las elecciones de 2015, el señor Eswin Jerson Javier Javier, conocido como «Tres Quiebres», se ha postulado como candidato a alcalde del municipio de Ipala, Chiquimula. El caso es particularmente ilustrativo, ya que se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable.

Conclusiones

  • El financiamiento de la política y de las campañas electorales es un asunto central para las democracias.
  • Con relación al proceso democrático, el financiamiento excesivo y poco regulado conduce a la vulneración de los principios de igualdad ciudadana y equidad en la competencia. 
  • En guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados.
  • Los partidos con expectativa de éxito electoral son quienes exceden gastos de campaña sin explicar el origen de los fondos.
  • La mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción. 
  • Este sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado el sistema de partidos.

Recomendaciones

  • Se deben limitar las campañas electorales.
  • Debe reducirse el financiamiento privado.
  • Fortalecer la coordinación institucional
  • El sistema debe reformarse.
  • La CICIG apoya las reformas electorales.

Comentarios

Luego de la presentación del informe, Catalina Soberanis, Coordinadora de la Unidad de Análisis Estratégico del PNUD y Philip Chicola, Analista Político, ofrecieron sus comentarios sobre el documento.

Catalina Soberanis calificó de oportuna los resultados del informe, porque contribuye a desentrañar algunas de las causas del incumplimiento de las responsabilidades del Estado con la sociedad, que han “debilitado la legitimidad del sistema político y porque demuestra la forma en que el financiamiento político estimula procesos colectivos y de desviación de los recursos del Estado hacia intereses particulares en detrimento del bien común”.

“El informe presenta una sistematización de los aportes teóricos acerca del sistema de partidos políticos y cómo el diseño de su estructura y funcionamiento puede contribuir al ejercicio efectivo de la democracia; presenta también una síntesis del contexto histórico, así como la descripción del análisis crítico que ha sido desarrollado por centros de estudio en investigación, universidades, pero sobre todo por la sociedad civil organizada para realizar actividades de observación electoral de cabildeo e incidencia y de auditoría social sobre los procesos que se desarrollan en el Estado”.

Phillip Chicola señaló que este informe evidencia cómo se financia la política en Guatemala, y que la administración pública es utilizada como una fuente de enriquecimiento, así como el financiamiento electoral que es una inversión de los financistas para acceder a las oportunidades de riqueza. “Se evidencia que el negocio más rentable que hay en este país es financiar campañas políticas, porque lo que se espera una vez llegue el partido el funcionario, el diputado, el alcalde al poder es rentabilizar esa inversión vía negocios con el Estado, vía concesiones, o vía contratos”.

Agregó: “Se estima también que alrededor de una cuarta parte de los gastos de campaña y se originan del crimen organizado, y creo que esto quedó evidenciado con la desarticulación de una red que se dedicaba al lavado de dinero y al financiamiento de campañas políticas, y también se revela que al menos de una cuarta parte del financiamiento de campaña provienen de las formas tradicionales”.

Los dos expertos coincidieron que por lo evidenciado en dicho informe eran necesarias las reformas a la Ley Electoral y de Partidos políticos.


AUDIOS DE LA PRESENTACIÓN

Comisionado Iván Velásquez


Catalina Soberanis / Análisis Estratégico ONU


Phillip Chicola / Analista político


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