El Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal ligó a proceso al abogado Juan Carlos Pinillos García y al funcionario público César Augusto Galicia Prera, por su presunta participación en el trámite de adopción irregular de una niña.

A los dos sindicados se les ligó a proceso por los delitos de asociación ilícita y trata de personas. A Galicia Prera se le sumó el delito de incumplimiento de deberes por pertenecer a una estructura criminal dedicada a tramitar adopciones irregulares y pretender dar en adopción a la niña falsamente identificada como Yajaira Noemí Muyus. El juez les otorgó medidas sustitutivas, entre éstas una fianza de Q5 mil a cada uno.

Pinillos García laboraba como abogado y notario, mientras que Galicia Prera trabajaba en la Procuraduría General de la Nación (PGN). En este caso también está involucrado el juez de la Niñez de Escuintla Mario Fernando Peralta Castañeda, a quien la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad para que fuera investigado por este caso, y el de otra menor.

Antecedentes del caso
El abogado Pinillos García en complicidad con otras personas -pendientes de captura- entregaron la niña a Susana Luarca Saracho (ligada a proceso por asociación ilícita y trata de personas), quien a través de Asociación Primavera promovió un expediente de protección y declaración de adoptabilidad ante el juez Peralta Castañeda. Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2006 y marzo de 2008.

La adopción de la menor se pretendía llevar en contra de la voluntad de su madre y presentando documentación falsa para que fuera adoptada por una familia estadounidense, pese a que la prueba de ADN determinó que la niña no era hija de la mujer que la entregó en adopción.

Susana Luarca Saracho -a través de Asociación Primavera y asociada con Alma Beatriz Valle Flores de Mejía (pendiente de que sea ligada a proceso)- inició un proceso voluntario de adopción para que la niña fuera entregada ilegalmente. Los sindicados no lograron su objetivo porque gracias a las denuncias de la madre las autoridades localizaron a la menor, quien actualmente vive con su progenitora.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) actúa como querellante adhesivo en este proceso penal.